martes, 30 de junio de 2020

EXPRESAN PREOCUPACIÓN POR LA PERSECUCIÓN A FASTA

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NOTIVIDAAño XX, Nº 1201, 30 de junio de 2020

DIPUTADOS EXPRESAN PREOCUPACIÓN POR LA PERSECUCIÓN A FASTA

Diputados del PRO presentaron un proyecto de Resolución “por la persecución discriminatoria iniciada contra la Fraternidad de Agrupaciones Santo Tomás de Aquino - FASTA -, en cuanto amenaza el derecho al ideario institucional y las convicciones de sus miembros y afecta la libertad de cátedra en menoscabo a los Tratados de Derechos Humanos, que gozan de jerarquía constitucional; y lo establecido en el artículo 128, inciso c) de la Ley 26.206 de Educación Nacional”.

El proyecto (expte. 2872/2020) lleva las firmas de Francisco Sánchez, Jorge Enríquez, David Schlereth, Soher El Sukaria y Dina Rezinovsky.   

En los fundamentos recuerdan que Victoria Donda, presidente del INADI, anunció que iba a iniciar acciones por el supuesto “discurso de odio” que el diario Página 12 le atribuyó a los colegios de FASTA.

Destacan la labor educativa y social que FASTA lleva adelante en nuestro país, “anclada en una concepción cristiana del mundo y del orden social” y enfatizan que “el derecho a la libertad de ideario que ejerce la citada institución está enraizado en la potestad de los padres de elegir para sus hijos una educación de acuerdo a sus convicciones”.

Describen el marco jurídico que ampara de modo incontrastable el derecho de los padres a elegir y supervisar de la educación de los hijos, particularmente en materia moral y religiosa.

Denuncian que “un avance del Estado sobre las instituciones de educación privada y confesional, como el que insinúan las declaraciones de la directora del INADI, redundará en un menoscabo del derecho a la libertad de conciencia”.

Este hecho genera una honda preocupación, toda vez que percibimos una creciente intención de que, bajo el pretexto de interpretaciones sesgadas basadas en una ideología particular, se restrinja la libertad del ideario de las instituciones educativas privadas y confesionales. Máxime si se tiene en cuenta que esta tendencia se enmarca en un contexto de hostilidad y discriminación hacia la Iglesia Católica y las confesiones cristianas en general, ejercidas desde organismos que -en teoría- deben velar por la tolerancia y la no discriminación”.

Concluyen que “la imposición desde el Estado de un pensamiento único, que responde a una concepción autoritaria de las instituciones, resulta en un todo contraria a la dignidad inherente a la persona humana y al espíritu de nuestro extenso plexo constitucional”.

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NOTIVIDA, Año XX, Nº 1201, 30 de junio de 2020   

Editora: Lic. Mónica del Río

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viernes, 19 de junio de 2020

LOS ARGENTINOS POR NACER SON LA POBLACION DE MAYOR RIESGO

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NOTIVIDAAño XX, Nº 1200, 19 de junio de 2020

LOS ARGENTINOS POR NACER SON LA POBLACION DE MAYOR RIESGO

El Ministerio de Salud de la Nación adquiere grandes cantidades de misoprostol “por urgencia” para distribuir en todo el país.

La pandemia del aborto.

Como informamos en el boletín anterior, el Gobierno de la ciudad de Buenos Aires a cargo de Horacio Rodríguez Larreta compró, en los últimos meses, más de 100.000 comprimidos de misoprostol al Laboratorio Domínguez con una inversión total de 26 millones de pesos.

En marzo, el Gobierno de la provincia de Buenos Aires que encabeza Axel Kicillof anunció que adquiriría misoprostol en el Laboratorio Industrial Farmacéutico Sociedad del Estado (FIL) de Santa Fe. El convenio suscripto entre el Ministerio de Salud de la provincia y el laboratorio santafecino para la compra de 80.000 comprimidos de misoprostol por un total de $15.080.000 ($188,50 la unidad) fue aprobado por Resolución ministerial nº 575 del 29 de abril.

Los abortivos que compra Nación

Por Resolución 6/2020 del 29 de abril de la Secretaría de Acceso a la Salud, el Gobierno nacional adquirió por “Contratación Directa por exclusividad”, 1.000 blísteres por doce (12) comprimidos, de misoprostol por un total de $ 2.814.840 ($234,57 la unidad), al Laboratorio Domínguez.

En los considerandos de la resolución que aprueba la contratación directa dice que la compra se hizo a pedido de la Dirección de Salud Sexual y Reproductiva que comunicó que “el producto requerido no cuenta con sustituto conveniente y que resulta imprescindible para la interrupción legal del embarazo (ILE)”. Y que “la ANMAT informó que el único certificado registrado de la especialidad medicinal solicitada pertenece a la firma LABORATORIO DOMINGUEZ S.A., quien a su vez, declara poseer el privilegio de venta y comercialización de la misma”.

El 9 de junio el Ministerio de Salud de la Nación que conduce Ginés González García abrió una nueva Contratación Directa “por urgencia” de 16.000 blísteres por doce (12) comprimidos, de misoprostol. Estas 192.000 unidades ($45 millones) estarían destinadas al programa Remediar que distribuye gratuitamente medicamentos en los centros de atención primaria de todo el país.

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NOTIVIDA, Año XX, Nº 1200, 19 de junio de 2020   

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miércoles, 17 de junio de 2020

LA CIUDAD DE BS.AS. COMPRO MAS DE 100.000 COMPRIMIDOS DE MISOPROSTOL

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NOTIVIDAAño XX, Nº 1199, 17 de junio de 2020

LA CIUDAD DE BS.AS. COMPRÓ MÁS DE 100.000 COMPRIMIDOS DE MISOPROSTOL

Por Mónica del Río

Cuando Rodríguez Larreta intenta justificar el confinamiento obligatorio, al igual que Fernández afirma: "Nuestro criterio siempre es poner delante el cuidado de la gente", pero ni la crisis sanitaria detiene la compra masiva de abortivos. En los últimos meses el Gobierno porteño invirtió cerca de 26 millones de pesos en la compra de más de 100.000 comprimidos de misoprostol.

Recordemos que la tasa de natalidad de la Ciudad de Buenos Aires cae sistemáticamente desde el 2014, año en el que se comenzó a proveer misoprostol a los CeSACs, los centros de atención primaria de la salud que hoy practican el 84% de los abortos (Vid Notivida Nº 1198).

Los detalles de las compras

El 30 de septiembre de 2019 el Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires autorizó la compra de 16.200 unidades de misoprostol (200 µg en comprimido vaginal) al Laboratorio Domínguez (Orden de compra Nº 401-15694/2019). Cada comprimido se compró a $239 lo que arrojó un importe total de $3.871.800. En el marco de la misma licitación el 12 de diciembre la compra se amplió en un 50%, es decir se añadieron 8.100 unidades incrementando el gasto en $1.935.900.

Cinco días después se abrió una nueva licitación y el 21 de enero autorizaron la compra de otras 24.000 unidades al mismo laboratorio (Orden de compra Nº 401-0158/2020). Cada uno se compró a $299 y la inversión fue de $7.176.000.

El 21 de abril -en pleno confinamiento para “salvaguardar” la vida de los porteños- iniciaron otra licitación y el 19 de mayo el Gobierno le volvió a comprar misoprostol al Laboratorio Domínguez (Orden de compra Nº 401-5360/2020). Esta vez fueron 55.200 unidades a $234 cada una, esta compra fue de $12.948.264.

Síntesis, en poco más de 6 meses y con la “emergencia sanitaria” de por medio, el Gobierno de Rodríguez Larreta compró 103.500 comprimidos de misoprostol por un total de $25.931.964

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NOTIVIDA, Año XX, Nº 1199, 17 de junio de 2020   

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lunes, 8 de junio de 2020

ABORTO EN LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

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NOTIVIDAAño XX, Nº 1198, 8 de junio de 2020

ABORTO EN LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

Funcionarios del gobierno porteño abogaron en la Legislatura para que la ciudad de Buenos Aires adhiera al protocolo de aborto del Ministerio de Salud de la Nación. ¿El Gobierno de la Ciudad le quiere dar un barniz de aparente legalidad a los 8.388 asesinatos que se llevaron a cabo el año pasado en los centros de salud porteños? ¿La norma es una concesión de Larreta a los futuros socios de un proyecto político propio?

Por Mónica del Río

La Comisión de Salud de la Legislatura porteña que encabeza María Patricia Vischi (Evolución Radical)  realizó hoy una reunión informativa para impulsar el proyecto de ley (expte. 3153/2019) por el cual la Ciudad adheriría al Protocolo de aborto implementado por la Resolución Nº 1/2019, del Ministerio de Salud de la Nación.

La iniciativa ingresó con las firmas de María Inés Gorbea (Evolución Radical), Sergio Abrevaya (GEN); la ex ministra de Salud de la Ciudad Ana María Bou Pérez (Vamos Juntos), Myriam Bregman (PTS-FIT), Roy Cortina (PS), Marta Martínez (AyL), Gabriel Solano (PO-FIT) y Laura Velasco (FdT). Tras su presentación, el expediente siguió cosechando adhesiones de todos los bloques, excepto de Consenso Federal que en la Legislatura porteña es un monobloque.

Durante la reunión de comisión expusieron dos funcionarios del Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires: Fabián Portnoy y Viviana Manzur ambos de la Coordinación de Salud Sexual, Sida, ITS.

Fabián Portnoy: Explicó que en marzo del 2016 se formó la Coordinación de Salud Sexual, Sida, ITS que encabeza y que ese equipo se creó con la fusión del Programa Coordinación Sida y el Programa de Salud Sexual y Reproductiva. Los ejes transversales de la nueva Coordinación son: 1) Acceso a los servicios, 2) Calidad de atención y 3) Desarrollo de la autonomía. Las líneas prioritarias de acción han sido: 1) Facilitar el acceso a los anticonceptivos, especialmente a los de larga duración (DIUs e Implantes), 2) Mejorar la respuesta a los pedidos de aborto y 3) Fortalecer el trabajo de las Redes. Mencionó que en el 2019 contaron con un método anticonceptivo entre 74.982 y 85.566 de las mujeres que sólo tienen acceso al sistema público de salud, lo que representa entre un 64% y un 73% de la población objetivo. En 2017 eran el 46% y en 2018 el 58%. 

Viviana Manzur: La respuesta en materia de aborto en la Ciudad se venía “desarrollando de manera muy artesanal a través de los que se denomina reducción de riesgos y daños”, “es decir cuando una mujer se acercaba al sistema de salud y contaba que no iba a continuar con el embarazo y esas situaciones se encuadraban dentro de lo que plantea el Código Penal en su art. 86 como causales, no había una respuesta clara desde el sistema de salud y lo que se hacía era dar información, acompañar el proceso y muchas veces hacer una atención post-aborto”. “Pero en el año 2012 hubo un hito muy importante que fue el fallo FAL, que planteó un antes y un después, y que le explicó al sistema político y a los sistemas de salud que había obligaciones respecto a los reclamos de las mujeres y un marco normativo que respetar”. “Dentro de las cosas que FAL plantea está la necesidad de dictar protocolos”. Comentó que, en ese marco, en octubre del 2014 se realizó la primera compra de misoprostol para el primer nivel de atención, hasta entonces sólo lo compraban los hospitales. En ese momento también se empezaron a registrar los abortos y desde entonces esa información se sistematiza en forma semestral.

Describió las distintas formas en que llegan las mujeres al sistema de salud para pedir un aborto: 1) porque conocen el sistema de salud que utilizan por otros motivos, 2) por el consejo de una amiga, 3) por la recomendación de organizaciones sociales que trabajan la temática y 4) por el 0800 de la Línea de Salud Sexual del Ministerio de Salud de la Nación que toma la consulta y la deriva a los diferentes distritos.

Hasta las 12 semanas de gestación completa se las atiende en los CeSAC o se hace un aborto ambulatorio en el Hospital, se usa el misoprostol provisto de manera centralizada por el Ministerio de Salud de Nación. A partir de las 13 semanas se resuelve en el hospital y si no encuadra en las causales del Código Penal se le brinda información y atención post-aborto. En cualquier caso, se provee “anticoncepción post evento obstétrico”. 

Al describir las “causales del Código Penal” por las que realizan los abortos mencionó que en los casos de violación no se exige denuncia, alcanza con la declaración jurada y enfatizó que esa causal no siempre es enunciada en la primera consulta porque “la violencia de género está naturalizada” y muchas veces surge en respuesta a las preguntas del equipo de salud. Con respecto al riesgo para la salud de la mujer aclaró que “el riesgo no es certeza, es una probabilidad de que el hecho ocurra” y que “no refiere sólo a la dimensión biológica sino también a la psicológica y social (salud integral)”. Destacó que el art. 20 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires habla de Salud Integral. “La práctica insegura es parte del riesgo que se corre cuando no se da acceso” al aborto. “El riesgo de morir en una práctica segura es de 0,2 a 2 por cada 100.000 procedimientos y el de una práctica insegura es de 100 a 1000 por cada 100.000”.

Mostró cómo fueron creciendo los servicios de aborto en la Ciudad. En 2014 los abortos se practicaban en 8 hospitales y un solo CeSAC, en 2019 en 16 hospitales y 44 CeSACs. Aclaró que en realidad 43 son CeSACs y el otro es el Centro asistencial Cecilia Grierson de Villa Lugano. Los 16 hospitales mencionados son: los once hospitales generales de la Ciudad que tienen maternidad, la Maternidad Sardá, los dos hospitales pediátricos (Gutiérrez y Elizalde) y dos hospitales que no tienen maternidad, pero hacen abortos (Tornú y Zubizarreta). Resaltó que en 2014 el 11% de las intervenciones se hacían en el primer nivel y en 2019 el 84% y que esta accesibilidad permite practicar abortos más tempranos.

De los abortos que se practicaron en hospitales el 19% se realizaron en el Piñero. Penna (18%), Santojanni (17%), Argerich (9%), Pirovano (8%) y Álvarez (7%). Esto, según Manzur, refleja que se llega con más fuerza a áreas geográficas con necesidades básicas insatisfechas.

Del mismo modo creció la cantidad de abortos en los últimos años: en el 2014 -cuando se comenzó a proveer de misoprostol a los centros de salud- se practicaron 91 (81 en los hospitales y 10 en el CeSAC) y en el 2019 un total de 8.388 (1.136 en hospitales y 7.052 en los CeSACs).

En cuanto a las edades de las mujeres que abortaron precisó que, en 2019, 58 abortos se practicaron en niñas menores de 14 años, 1.133 en adolescentes entre 15 y 19 años, 2.459 en jóvenes de 20 a 24 años, 2.133 en la franja etaria de 25 a 29 años; 1365 (30 a 34 años), 849 (35 a 39 años), 321 (40 a 44 años) y 18 en mayores de 45 años. Según Manzur la distribución por edad es muy similar a la de las mujeres que dan a luz. Destacó que el 86% de las mujeres que abortaron son adultas (más de 20 años) y el 14 % adolecentes.

La edad gestacional en la primera consulta es de menos de 13 semanas en el 92% de los casos. Los restantes abortos (8%) se practicaron entre la semana 13 y 24 de gestación.  Lo cual, según indicó, “es un indicador de un altísimo estándar a nivel internacional”.

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