REUNIÓN INFORMATIVA DE LA COMISIÓN DE MUJERES DE DIPUTADOS

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NOTIVIDA, Año XX, Nº 1194, 28 de abril de 2020

VIOLENCIA CONTRA LA MUJER

Reunión informativa de la Comisión de Mujeres de Diputados

Subieron las consultas por “violencia de género”, pero bajaron las denuncias. Fuerte cuestionamiento por la liberación de presos con antecedentes de violencia contra la mujer. El número de femicidios se mantiene estable a lo largo de los años.

La flamante comisión de Mujeres y Diversidad, que preside la diputada Mónica Macha (FdT, BsAs) se reunió virtualmente ayer con Elizabeth Gómez Alcorta, “Ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad”.

Al inicio de la reunión, Gómez Alcorta describió las medidas que el Ministerio que encabeza está llevando a cabo durante esta crisis.

Destacó que las consultas a la Línea 144 aumentaron un 40% en relación al mes previo a la emergencia, enfatizando que es una línea de consultas, no de denuncias y que las últimas no se incrementaron, por el contrario “bajaron en todo el país”. “El promedio de esas consultas anónimas es de 334 diarias. El 97% de esas llamadas -que en total son 10.351- fueron por violencia doméstica y la casi totalidad de las consultas estaban vinculadas a violencia psicológica. Un 73% se refería a violencia física y un 35% a violencia económica”. “Por otro lado en el 48% de las consultas el agresor es una expareja y en el 44% la actual pareja”. Añadió que en ese marco se incorporaron 20 operadores a la línea y se lanzaron campañas publicitarias en la televisión y en los medios de transporte. 

Recordó que han dictado una Resolución para que se pueda salir a denunciar “violencia de género” porque es un caso de “fuerza mayor”.

“Pensamos que es correcto disminuir las poblaciones carcelarias en el marco de la emergencia de acuerdo a muchas recomendaciones internacionales de organismos de derechos humanos –manifestó Gómez Alcorta- pero llamamos la atención para que en estas medidas -que se toman en clave de política criminal- se tuviera especialmente en cuenta a aquellas personas procesadas por delitos de “violencia de género” o delitos contra la integridad sexual. En esos casos pedimos que, de resolverse favorablemente, se tomaran los recaudos para la seguridad de las víctimas. En cuanto al acceso a la justicia en el marco de la emergencia las más de las provincias ya implementaron mecanismos para que se puedan hacer denuncias virtuales”.

En el momento de las consultas muchas de las diputadas presentes hicieron hincapié en las domiciliarias otorgadas a personas detenidas por “violencia de género”. Y pidieron mayores detalles.

Así por ejemplo Ingrid Jetter (PRO, Ctes.) destacó que el juez de casación bonaerense  Victor Violini -que participa de la mesa de diálogo con los detenidos junto a otros funcionarios del Ministerio de Justicia en la provincia de Buenos Aires- le otorgó recientemente la prisión domiciliaria a 2.300 presos. “Un violador quedó libre y fue a vivir a una casa que queda a pasos de la casa de su víctima en Bernal, otro violador liberado -considerado formalmente en el grupo de riesgo porque tiene más de 60 años- es un abuelo que había violado a su nieta y volvió a vivir a la casa donde vive esa nieta ¿Quién está más seguro la víctima o el preso que salió por el coronavirus?” Dijo que esta situación fue alertada por muchos jueces, uno de ellos la jueza Julia Márquez que en nota al presidente de la Corte bonaerense dio el ejemplo de un condenado por lesiones agravadas a su pareja en un caso de “violencia de género”, que fue liberado en pocas horas sin verificar a dónde iba a vivir y sin estar en ningún grupo de riesgo”.

Ma Rosa Martínez (FdT, BsAs) preguntó qué proyectos son prioritarios en el marco de la emergencia y anticipó que están trabajando en la ley cupo laboral trans.

Romina Del Plá (PO, BsAs) expresó que se incrementaron las denuncias pero que no hay en paralelo una acción efectiva de protección de parte del Gobierno.

Gabriela Estévez (FdT, Cba.) preguntó si esta nueva actitud de tratar de separar al agresor del contexto familiar y permitirle a la mujer quedarse en su casa junto con sus “hijes” podría incorporarse a la Guía de recomendaciones que el Ministerio envía los gobiernos provinciales y municipales.

Sofía Brambilla (PRO, Ctes.): quiso saber si el personal que atiende la Línea 144 se incrementó en forma proporcional al aumento de las llamadas y solicitó un mapeo de violencia por provincias.

Claudia Najul (UCR, Mza.): pidió conocer los reclamos de las mujeres que llaman a Línea 144 y expresó su preocupación por las domiciliarias otorgadas a los detenidos por “violencia de género”. “¿Hay aumento de embarazo adolescente?” “¿Se está accediendo a los anticonceptivos?”

Mara Brawer (FdT, Ciudad de BsAs): consultó sobre las denuncias por violencia hacia niños y niñas. 

Enrique Estévez (PS, Sta.Fe): manifestó particular preocupación por la situación económica de las madres solteras que son sostén de hogar y tienen trabajos informales, por la población LGBT -en particular las personas trans- y por los trabajadores sexuales que tampoco pudieron ingresar al IFE. Preguntó si está previsto un protocolo único a nivel nacional para abordar las situaciones de violencia en el marco de este aislamiento social obligatorio.

Adriana Cáceres (PRO, BsAs): recordó que varios diputados de su Interbloque presentaron un proyecto para crear un “comité de crisis con perspectiva de género” y le consultó a la Ministra si van a contar con su apoyo.

Lucila Masin (FdT, Chaco): comunicó su inquietud por la atención de mujeres con discapacidad –particularmente la de las mujeres sordas- y mujeres indígenas. Preguntó si hay posibilidad de articular un Comité nacional para las personas LGBT.

Gabriela Lena (UCR, E.Ríos): demandó que la Resolución del Ministerio de las Mujeres que autoriza a salir para hacer la denuncia por violencia de género no le permite a la mujer ir acompañada. Y preguntó si el Ministerio está articulando medidas con el Pan ENIA, de reducción del embarazo adolescente.

Flavia Morales (Frente de la Concordia Misionero): destacó lo que le cuesta a la víctima llegar a hacer la denuncia y preguntó si hay posibilidad en las actuales circunstancias de reformar la ley penal o procesal penal para darle mayor protección a las mujeres. Propuso un rigorismo en cuanto a los certificados psicológicos y psiquiátricos a los agresores para que no puedan otorgarle la libertad a los presos sin esos certificados.

Jimena López (FdT, BsAs): preguntó en qué consiste el programa “cuarentena con derechos” y cómo se pueden generar mejores condiciones para que los empleadores cumplan con sus obligaciones para con las empleadas domésticas.

A la hora de dar respuestas, Gómez Alcorta remarcó que las consultas por violencia de género aumentaron (40%), no así las denuncias, que anejan la intervención de la policía o el poder judicial.

Destacó que el único registro de información nacional y oficial de femicidios es el de la CSJN. El problema de este registro, dijo Gómez Alcorta, es que da datos a año vencido y añadió que lo que indican esas cifras es que es un fenómeno persistente que se mantiene, “son guarismos similares a lo largo de los años”. Afirmó que los datos de los observatorios indican que el número de femicidios en el marco de la pandemia es parecido a los del año pasado para la misma época.

Sobre la tan criticada liberación masiva de presos, que el presidente avaló, replicó que: “No hay un plan del Ejecutivo para la liberación masiva de presos”. “Sí hay una clara de decisión de los poderes judiciales, que son los dan la libertad y la preocupación que manifestaron varias diputadas es también la nuestra”. “En particular en la provincia de Buenos Aires puedo afirmar -porque nos hicieron llegar el dictamen-  que la subsecretaría de política criminal de esa provincia le pidió encarecidamente al procurador general que no libere a nadie condenado por delitos contra la integridad sexual”.

En relación al embarazo adolescente comentó que no se puede medir en tan corto plazo pero que en materia de anticonceptivos la Dirección de Salud Reproductiva del Ministerio de Salud le aseguró que hay anticonceptivos suficientes para toda la pandemia. Y aclaró que la línea 144 deriva las consultas sobre niñas y adolescentes a la Línea 102.

Explicó que hay una subsecretaría de Estado de la Diversidad y que están trabajando en un programa de “ampliación de derechos para personas trasn” que incluye el cupo laboral trans y la protección en casos la violencia institucional.

Con respecto a la ley de ESI relató que están articulando acciones con el Ministerio de Educación.  Informó que ahora Educación entrega cuadernillos con el título “Seguimos educando” para niños desde los tres años hasta el final del secundario -que complementa con una enorme cantidad de horas en televisión y radio- que incluyen transversalmente contenidos de ESI. Pero que vienen trabajando con ese Ministerio para sacar un módulo específico de ESI.

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COMUNICADO DE LA RFF SOBRE LA SITUACIÓN ACTUAL

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NOTIVIDA, Año XX, Nº 1193, 22 de abril de 2020

COMUNICADO DE LA RFF SOBRE LA SITUACIÓN ACTUAL

A raíz de los ataques a la vida y la familia que se enmarcan en la pandemia y el confinamiento obligatorio, la Red Federal de Familias (RFF) emitió un comunicado en el que reafirmó sus principios y destacó situaciones que, en simultaneidad con cuestiones presentadas como de “urgencia inapelable”, podrían pasar inadvertidas.

Denuncia la entidad que la distribución de anticonceptivos y la realización de abortos han sido declarados “servicios esenciales” de salud y que se han gastado en abortivos “sumas millonarias sustraídas a la atención de la emergencia”. Destacan que estos hechos se contraponen con las declaraciones del presidente de la Nación sobre el valor prioritario de la vida humana.

Señalan que “el derecho y el deber de los padres de educar a sus hijos conforme a sus convicciones morales y religiosas” se ha visto avasallado con la intromisión en los hogares de plataformas educativas cargadas de ideología y contrarias al orden natural.

Mencionan que el Gobierno ha recomendado consumir pornografía y realizar “prácticas aberrantes” para tener “sexo seguro” durante la cuarentena y que hay una relación directa entre esos hábitos y la violencia contra la mujer que las mismas autoridades dicen combatir. “Recomendar el consumo de pornografía y decir que se quiere erradicar la violencia contra la mujer es tan hipócrita como afirmar que la ‘prioridad es la vida’ y que el aborto es un ‘servicio esencial’”.

Advierten que el Estado a la par que emite medidas y consejos destinados, supuestamente, a promover el cuidado de la salud corporal, lanza “ataques directos a la salud moral y espiritual de los individuos y de las familias a los que va destinada la actividad gubernamental”.

Recuerdan que este año se ha vuelto a presentar el proyecto de Protección integral a la embarazada en riesgo y al hijo que desde el año 2010 impulsan en la Cámara de Diputados.

Exhortan finalmente a que “tomemos conciencia de nuestra finitud” y hacen votos para que cuando la muerte nos alcance “nos encuentre firmes en nuestra posición, cumpliendo nuestro deber y con la mirada puesta en las cosas de lo alto y no en las mezquinas y torpes apetencias de los bienes caducos de esta vida mortal”.

A continuación el texto completo del Comunicado:

ESTADO DE SITUACIÓN

Frente a las complejas y confusas circunstancias públicamente conocidas por las que atraviesan nuestro país y el mundo entero, la RED FEDERAL DE FAMILIAS se ve obligada a emitir este comunicado para llamar la atención sobre diversos asuntos que han pasado inadvertidos o que han sido considerados de forma ligera y tangencial, y que, sin embargo, afectan directa o indirectamente, su Ideario.

En el marco de excepcionalidad y emergencia que suponen la cuarentena y el confinamiento decretados por el Gobierno Nacional y la consecuente paralización del país; ante el estado de ánimo en que se encuentra la población, acicateada incesantemente por los diversos medios de comunicación, públicos y privados e intimidada en general por el temor al contagio; y considerando la legítima incertidumbre y angustia respecto de una salida que no se vislumbra y de un futuro que se presenta sombrío, resulta difícil pretender que el hombre común preste atención a otras cuestiones que no sean ésas que se le presentan como de urgencia inapelable, pero que no pueden pasar inadvertidas.

Las difíciles coyunturas que nos aquejan no nos autorizan a aflojar en la lucha en la que estamos implicados y, mucho menos, a abandonar nuestros principios sino que, por el contrario y de cara a ellas, nos obligan a reafirmar una vez más nuestro compromiso de reconocer, difundir y promover la vigencia en el orden social, de los siguientes principios no negociables y constitutivos del Ideario y la finalidad de la Red: a) el respeto y la protección de la vida humana en todas las etapas de su desarrollo, desde la concepción y hasta la muerte natural; b) la estructura natural de la familia fundada en el matrimonio de un varón y una mujer, abierto a la transmisión de la vida; c) el derecho y deber originarios de los padres a educar a sus hijos conforme a sus convicciones morales y religiosas; y d) la procura y promoción del bien común como deber de gobernantes y gobernados.

En esta comunicación, queremos destacar, principalmente:

1)      Que ratificamos nuestra defensa irreductible de los derechos del niño por nacer y que, por lo tanto, repudiamos las aclaraciones del Ministerio de Salud de la Nación, emanadas el pasado 13 de abril, declarando que el acceso a la interrupción ilegal del embarazo y a los métodos anticonceptivos quedan fuera de las restricciones impuestas por la cuarentena por cuanto se considera a ambos como “servicios esenciales” de salud. Así también impugnamos las adquisiciones, mediante compras directas y por sumas millonarias sustraídas a la atención de la emergencia declarada, de materiales diversos y de sustancias, como el Misoprostol, destinadas a la atención de aquellas prestaciones. Dicho Ministerio había recomendado suspender los servicios y controles de rutina para no sobrecargar el servicio sanitario.

2)    Que la afirmación del presidente Fernández acerca de que la prioridad es la vida se contradice abiertamente con la simultánea declaración precedente, no rectificada, acerca de que la interrupción voluntaria del embarazo (eufemismo por aborto) es una prioridad esencial, lo que demuestra su falsedad e hipocresía. El manifiesto ministerial es, por otra parte, coherente con la promesa hecha por el mismo Presidente ante ambas Cámaras y cuyo cumplimiento ha quedado en suspenso por la restricción de actividades legislativas, de enviar al Congreso de la Nación, desde la misma oficina presidencial, un nuevo proyecto de legalización del aborto.

3)    Que la intromisión del Estado en el derecho y el deber de los padres de educar a sus hijos conforme a sus convicciones morales y religiosas se ha puesto de manifiesto en la presentación de plataformas educativas, aprovechando y jugando con la situación actual y con la suspensión de la actividad escolar, con elementos ideológicos, el uso de idioma mal llamado inclusivo y, en las clases de ESI, cargadas de ideología y de propuestas aberrantes. Esa intromisión se produce en los hogares, sujetos al confinamiento, por medio de todos los instrumentos públicos de difusión.

4)    Que los ataques a la vida y a la familia se ponen de manifiesto en tales intromisiones y en el plan de corrupción que ellas suponen, así como en las recomendaciones para la cuarentena, también procedentes del gobierno nacional, de recurrir a prácticas sexuales aberrantes en sustitución de las relaciones personales impedidas por causa del encierro forzado.

5)    Que, en ese orden, apuntamos que hay una relación directa entre las “prácticas aberrantes” a las que esta declaración alude y la violencia contra la mujer que dicen querer erradicar. La pornografía y los hábitos sexuales que se sugieren desde el Estado inducen a cosificar al otro y verlo como mero objeto de la satisfacción individual. Numerosos estudios muestran la relación entre el consumo de pornografía y la violencia sexual. Recomendar el consumo de pornografía y decir que se quiere reducir la violencia contra la mujer es tan hipócrita como afirmar que la “prioridad es la vida” y que el aborto es un “servicio esencial”.

6)    Que advertimos que desde el Estado se emiten diversas medidas y consejos destinados, supuestamente, a promover el cuidado de la salud corporal, a la vez que se lanzan ataques directos a la salud moral y espiritual de los individuos y de las familias a los que va destinada la actividad gubernamental. Mientras tanto, el ejercicio público del culto se ve imposibilitado, bajo el pretexto de impedir la concentración de personas, a la par que se permite la concurrencia pública a supermercados y bancos.

7)    Que, en orden al bien común comprometido, queremos destacar los daños, no sólo económicos -que son gravísimos- sino morales, psíquicos y espirituales que se siguen de la prolongación del confinamiento de personas y familias, muchísimas de ellas en condiciones precarias, sin perspectivas más o menos inmediatas de una conclusión. Parece que no hay plan alguno de salida de esta crisis y que el único remedio que se encuentra es el dejar que transcurra el tiempo a la espera de una solución mágica.

El enunciado precedente es sólo eso, un enunciado no exhaustivo hecho con el propósito de poner de relieve algunos de los aspectos que se ocultan detrás de la situación de emergencia en que se ha puesto a la población, y a la Nación entera.

Frente a tales circunstancias, nosotros nos mantenemos alertas y activos, trabajando en nuestros proyectos y observando lo que se hace en el otro campo, para estar en condiciones de dar una condigna respuesta cuando las cosas se modifiquen.

Destacamos que nuevamente y como se viene haciendo desde el año 2010, se ha presentado en el Congreso de la Nación el proyecto de ley de Protección Integral de los Derechos Humanos de la Mujer Embarazada y de los Niños por Nacer, que ha tenido entrada en la Cámara de Diputados el 2 de marzo bajo el n° 33/2020, y que antes del inicio de la cuarentena cosechó la firma de 25 miembros de ese cuerpo.

Tomemos conciencia de nuestra finitud, recobremos la calma si la hemos perdido y no nos dejemos ganar por el pánico, por el temor desmedido a la enfermedad y a la muerte, que indefectiblemente nos afectara a todos y a cada uno de nosotros.

Cuando ella nos alcance, que nos encuentre firmes en nuestra posición, cumpliendo nuestro deber y con la mirada puesta en las cosas de lo alto y no en las mezquinas y torpes apetencias de los bienes caducos de esta vida mortal.

Buenos Aires, 22 de abril de 2020.

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Feliz y Santa Pascua de Resurrección

“Hagamos de estos días un símbolo del día sin fin.

Hagamos del lugar de la mortalidad un símbolo del tiempo de la inmortalidad”

San Agustín, Sermón 254

Los ataques a la vida y la familia claman al Cielo y una tormenta nos sorprende como humanidad. Hoy parece que la barca se hunde.

Todo induce a pensar que triunfó el príncipe de este mundo, sin embargo ¡CRISTO REINA! Hace más de 2000 años que con su Resurrección derrotó a la muerte y al pecado, y nos abrió las puertas del Cielo. Su Reino no es de este mundo, pero comienza en este mundo: en cada alma en gracia y en cada célula de la sociedad que le permita reinar.

Trabajemos para que Cristo reine en nuestra Patria, pero no desmayemos ante las derrotas o los males temporales, porque sabemos que volverá como Rey glorioso, espléndido y majestuoso, e instaurará definitivamente su Reino. Un cielo nuevo y una tierra nueva.

Que la certeza de su Victoria alimente nuestra esperanza.

Feliz y Santa Pascua de Resurrección les desea Notivida

ESCASES DE RESPIRADORES Y ELECCIÓN DE LOS DESTINATARIOS

NOTIVIDA, Año XX, Nº 1192, 6 de abril de 2020

ESCASES DE RESPIRADORES Y ELECCIÓN DE LOS DESTINATARIOS

La demanda de recursos y servicios asistenciales a raíz de la pandemia de coronavirus supera, en muchos países, a los medios sanitarios disponibles. En esos casos los profesionales de la salud se han tenido que enfrentar al tremendo dilema de decidir a quiénes le colocan los respiradores.

Publicamos a continuación el análisis que el Dr. Julio Tudela hizo para el Observatorio de Bioética de la Universidad Católica de Valencia. En él ofrece criterios bioéticos para la selección de pacientes -cuando los recursos son insuficientes y la elección del destinatario es absolutamente inevitable- basados en el mejor pronóstico de recuperación y supervivencia, con el mínimo de secuelas. Destaca que en esa selección hay que evitar discriminaciones injustas que vulneren la dignidad intrínseca de todo ser humano.

Con respecto al acompañamiento subraya que debería incluir la asistencia psicológica y espiritual al paciente y a su círculo familiar. Y que hay que procurar que los familiares puedan acceder a los enfermos en los momentos finales de su vida y despedirse de ellos tras su fallecimiento.

¿Cómo utilizar los recursos sanitarios en circunstancias de crisis?

Pandemias como el coronavirus, pueden plantear un dramático desequilibrio entre medios disponibles y necesidades de atención por parte de la población. El tremendo dilema de decidir quién puede ser el destinatario de los medios o de la atención médica imprescindible, debe dirimirse siguiendo estrictamente criterios bioéticos bien fundamentados.

La distribución de los recursos sanitarios de forma equitativa entre la población que los necesita constituye uno de los problemas que la bioética analiza en el campo asistencial. El principio de Justicia, definido en las bioéticas Principialista y Personalista, además del de Subsidiariedad que añade ésta última, tratan de modular la utilización de los medios y recursos sanitarios disponibles de forma que su uso beneficie al mayor número de personas evitando criterios discriminatorios basados en decisiones injustas, y propiciando además que los más vulnerables reciban, de modo especial, una atención proporcionada a sus necesidades.

Abordaje bioético

Pueden darse situaciones excepcionales, como la que nos ocupa en nuestros días, en la que la demanda de recursos y servicios asistenciales supera enormemente a la oferta de medios disponibles. El tremendo dilema de decidir quién puede ser el destinatario de estos medios o de la atención médica imprescindible debe dirimirse siguiendo estrictamente criterios bioéticos bien fundamentados, que promuevan la correcta aplicación de los mencionados principios sin caer en discriminaciones injustas.

Circunstancias de conflicto bélico, catástrofes medioambientales o pandemias como la actual, pueden plantear este dramático desequilibrio entre medios disponibles y necesidades de atención por parte de la población. Se impone en tales circunstancias la necesidad de decidir a quién se destinan los recursos y a quien no, aún a riesgo de comprometer su curación o supervivencia.

Ante una situación como la actual pandemia por coronavirus, y la necesidad de utilizar muchos recursos relacionados con los cuidados intensivos, que incluyen medios de respiración asistida invasiva, la demanda de pacientes que pueden necesitar este soporte vital puede llegar a exceder con mucho el número de respiradores disponibles, además del material fungible necesario para hacerlos funcionar y el personal técnico cualificado que debe aplicarlos y supervisarlos.

El dramático dilema se plantea ante la disyuntiva de qué pacientes van a ser intubados y cuáles no, con las consecuencias que de estas decisiones puedes derivarse. De forma análoga el dilema puede plantearse ante la necesidad de intervenir quirúrgicamente o de atender cualquier otra urgencia con riesgo vital.

Es la aplicación “catastrófica” del principio de Justicia, que obliga a “desistir del tratamiento” en pacientes que, en otras circunstancias, pudieran recuperarse si los recursos fueran suficientes. El criterio de aplicarlos a los pacientes con más posibilidades de supervivencia y con menos secuelas previsibles es, en principio, el adecuado, el menos malo, sabiendo que se adopta una decisión en la que se da el doble efecto, por el que morirán pacientes que hubieran podido sobrevivir tras tomar la decisión selectiva, pero que constituye la única posibilidad existente, sin alternativas.

Si este criterio selectivo se aplica correctamente, en realidad, no se estaría dejando morir a pacientes como si de una forma de eutanasia se tratara, sino que se está tratando de salvar a los que más posibilidades tengan de sobrevivir con el mínimo de secuelas graves, dada la limitación de recursos. La muerte de estos pacientes no es buscada, ni tolerada siquiera, sino que es sencillamente inevitable.

La recta aplicación de los principios de Justicia y Subsidiariedad, exige que, antes de llegar a tomar decisiones como las expuestas, deben explorarse todas las alternativas posibles, que incluyen la posibilidad de derivar pacientes a otros hospitales o áreas de tratamiento, la reasignación de recursos destinados a otras necesidades para poder ser aplicados a los pacientes con riesgo vital, la planificación de los medios humanos y materiales con el fin de anticiparse a la demanda y poder hacer frente a situaciones anómalas como la que nos ocupa, la optimización de los medios disponibles, como la de compartir un mismo respirador por parte de dos pacientes, tal como se informó ayer en un hospital madrileño, y otras que traten de evitar a toda costa la aplicación de la selección o “triaje” de pacientes candidatos a ser atendidos de forma intensiva.

Los criterios de selección de pacientes

La aplicación de un “triaje” para la selección de candidatos al ingreso en UCI y la aplicación de ventilación mecánica invasiva, debe restringirse, como se ha especificado, a situaciones extremas en las que la derivación de pacientes a otros centros o la habilitación de nuevos recursos se muestran insuficientes para atender debidamente la demanda en el hospital o la unidad de cuidados intensivos. Por lo tanto, debería tratarse siempre de la última opción, no aplicable cuando los cuidados pueden suministrarse recurriendo a otros medios.

Un criterio inicial para realizar esta selección sería la posibilidad de obtener un beneficio significativo y la reversibilidad de la gravedad del proceso en los destinatarios de los cuidados, en los que estaría indicada, por ejemplo, la ventilación mecánica invasiva. Se hace necesaria una cuidadosa valoración de las posibilidades de supervivencia de estos pacientes y la magnitud de las secuelas que pudieran sufrir en el futuro como consecuencia de la evolución de su enfermedad, por lo que se seleccionarían aquellos con mejor pronóstico de recuperación y supervivencia con el mínimo de secuelas.

La aplicación de otros criterios de forma discriminatoria, como la edad del paciente u otras circunstancias como trastornos psíquicos, demencia o cualquier otra forma de discapacidad o dependencia, no sería aceptable bioéticamente, pues implicaría proceder en contra del respeto a la dignidad que todo ser humano posee independientemente de sus circunstancias, y se alejarían del criterio básico de selección basado en las posibilidades de supervivencia sin graves secuelas.

El acompañamiento

Por último, la atención que se debe proporcionar a todos los pacientes, especialmente a los más vulnerables, debería incluir siempre que sea posible hacerlo, la asistencia psicológica y espiritual, que debe extenderse a su círculo familiar o de cuidadores, como ingrediente imprescindible en el acompañamiento del enfermo y, específicamente, de aquel sometido a cuidados paliativos o en fase terminal.

Debe mencionarse especialmente la gestión del duelo ante el fallecimiento del paciente por parte de su familia y allegados, que puede verse dificultada en situaciones extremas como la que nos ocupa. Deberían articularse los medios y procedimientos necesarios para que, aún en situaciones difíciles motivadas por las necesidades de aislamiento y riesgo de transmisión, los familiares pudieran acceder a los enfermos en los momentos finales de su vida si fuera posible, implementando los medios de precaución necesarios, y despedirse de ellos tras su fallecimiento, circunstancia que contribuiría a la superación del duelo.

Julio Tudela

Instituto Ciencias de la Vida de la Universidad Católica de Valencia

Observatorio de Bioética (www.observatoriobioetica.org)

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