MUJERES CON DISCAPACIDAD PODRIAN PEDIR SER ESTERILIZADAS

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NOTIVIDA, Año XX, Nº 1252, 1 de julio de 2021

Cámara de Diputados de la Nación

MUJERES CON DISCAPACIDAD PODRÍAN SOLICITAR UNA LIGADURA DE TROMPAS

Nadie es dueño del cuerpo del otro, ni propietario absoluto del propio

Con 237 votos afirmativos, 1 voto negativo (Esteban Bogdanich) y 1 abstención (Francisco Sánchez), la cámara de diputados le dio media sanción a la modificación de la Ley 26.130, de esterilización quirúrgica, para que “todas las personas con discapacidad, sin excepción”, tengan “derecho a brindar su consentimiento informado para acceder a intervenciones de contracepción quirúrgica, por sí mismas y en igualdad de condiciones con las demás personas”.

“Si se tratara de persona con capacidad restringida por sentencia judicial y la misma no refiere al ejercicio del derecho que otorga la presente ley, ella debe prestar su consentimiento informado sin ningún impedimento”. “Si la sentencia de restricción a la capacidad designa apoyo para el ejercicio del derecho previsto en la presente ley, el consentimiento informado debe ser prestado por la persona con discapacidad con la asistencia prevista por el sistema de apoyos del artículo 32 del Código Civil y Comercial”.

Si bien en Argentina no existen datos que permitan cuantificar las “esterilizaciones forzadas” a personas discapacitadas, el proyecto se presentó como una forma de acabar con ellas, por lo que obtuvo amplio respaldo.

Según explicó en la reunión de la Comisión de discapacidad (13/11/2020) Sandra Vázquez, directora de Casa FUSA (filial local de la IPPF), el tema venía siendo trabajado desde hace tiempo por REDI (Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad) junto a FUSA y a ONU Mujeres.

En aquella oportunidad también expuso la española Ana Peláez Narváez, comisionada de Género del Comité de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) y miembro del Comité de seguimiento de la Convención sobre la Eliminación de toda forma de Discriminación contra la Mujer de Naciones Unidas (CEDAW). Peláez Narváez abogó por los “derechos sexuales y reproductivos” de las mujeres con discapacidad.

Con el lema "Basta de esterilizaciones forzadas", además, un grupo de organizaciones impulsó el año pasado una campaña solicitando la reforma de la Ley. La iniciativa fue lanzada por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), CLADEM Argentina, el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), y la Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM).

En su intervención en el recinto la diputada Silvia Lospennato (PRO, BsAs) dijo hoy que “estábamos en mora al menos desde el 2012, cuando el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU, instó a nuestro país a que modifique el artículo 86 del Código Penal y la ley de esterilización quirúrgica, para que las personas con discapacidad puedan acceder al aborto no punible y la esterilización (Recomendación Nº 32, 1/10/2012).

Mientras que Mónica Schlotthauer (Frente de Izquierda) exhortó a sacar tanto de esta ley como de la de aborto, los artículos que permiten la objeción de conciencia.

En Argentina se realizan gratuitamente ligaduras tubarias a mujeres mayores de 16 años sin conocimiento de los padres ni de la pareja. En la Ciudad de Buenos Aires (un distrito envejecido, con una tasa de fecundidad de 1.5), se practicaron 1584 ligaduras de trompas durante el 2020.

Repudiamos las “esterilizaciones forzadas” a la par que recordamos que nadie es dueño del cuerpo del otro, ni propietario absoluto del propio.

Aprovechamos para reiterar que la moral natural exige la preservación de la integridad física. La esterilización es en sí misma una mutilación corporal y cualquier mutilación va en contra de la dignidad de la persona si no hay una causa que la justifique, por ejemplo, la gangrena. La esterilización está “absolutamente prohibida según la doctrina de la Iglesia” (“Quaecumque sterilizatio” (AAS LXVIII 1976).

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NOTIVIDA, Año XX, Nº 1252, 1 de julio de 2021  

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SE APROBÓ LA LEY DE CUPO LABORAL TRANS

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NOTIVIDA, Año XX, Nº 1251, 24 de junio de 2021

Senado de la Nación

SE APROBÓ LA LEY DE CUPO LABORAL TRANS

Con 55 votos positivos, 1 negativo y 6 abstenciones, el Senado le dio sanción definitiva al proyecto de ley de cupo laboral trans (OD 175/2021) que Diputados aprobó el pasado 11 de junio. No hubo un solo discurso que cuestionara la ley.

Dice el proyecto sancionado: “El Estado nacional, comprendiendo los tres poderes que lo integran, los Ministerios Públicos, los organismos descentralizados o autárquicos, los entes públicos no estatales, las empresas y sociedades del Estado, debe ocupar en una proporción no inferior al uno por ciento (1 %) de la totalidad de su personal con personas travestis, transexuales y transgénero, en todas las modalidades de contratación regular vigentes”.

Las empresas privadas tendrán incentivos fiscales si emplean a personas trans.

Al contratarlos no se les podrá exigir “terminalidad educativa” tampoco “podrán ser valorados los antecedentes contravencionales ni los antecedentes penales “irrelevantes”.

El Banco Nación abrirá una línea de crédito con tasa preferencial para el financiamiento de emprendimientos destinados específicamente a personas trans.

Votó en contra el senador Ernesto Martínez y se abstuvieron:  Roberto Basualdo, Julio Cobos, Silvia Elías de Pérez, Laura Rodríguez Machado, Humberto Schiavone y Ma. Belén Tapia.

El debate

Norma Durango (Peronismo Pampeano): saludó a los militantes LGBT presentes y como miembro informante describió el proyecto que establece “medidas de acción positiva para la inclusión laboral de personas trans”, hayan hecho o no el cambio registral. “Hoy se discute algo más que el cupo trans, estamos discutiendo si este colectivo va a tener los derechos humanos que le corresponden”. “Estamos saldando una deuda histórica”.

Gladys González (PRO, BsAs): Resaltó la diferencia entre su vida y la de las personas trans: “Mi familia no me rechazó, pude ir a la escuela, trabajo desde los 18 años. Pude elegir”. “No entendía el matrimonio igualitario y voté con una mirada parcial, llena de prejuicios e ignorancia, hoy no quiero hacer lo mismo”. “Yo elijo hacerme cargo hoy”. Recordó que la provincia de Buenos Aires tiene una ley similar que reglamentó la ex gobernadora Ma. Eugenia Vidal.

Ana Almirón (FdT, Corrientes): “En 2012 se sancionó la ley de identidad de género”, dijo y agregó que “a pesar de estos avances normativos las personas trans siguen siendo víctimas de actos discriminatorios”. Afirmó que la mayoría de ellas estuvieron en el “trabajo sexual” porque muchas veces “es la única salida que les queda”. “Hay que romper con los mandatos impuestos culturalmente”.

Silvia Sapag (FdT, Neuquén): evocó la lucha de Lohana Berkins y Diana Sacayán. Hizo hincapié en los artículos que garantizan que no se pueda exigir terminalidad educativa ni valorar antecedentes penales, para su ingreso o permanencia en el empleo.

Silvina García Larraburu (FdT, Río Negro): ponderó el activismo travesti: sus marchas, sus consignas, sus banderas. Enumeró varias ciudades de su provincia que ya cuentan con cupo laboral trans. Reiteró que el 90% de la población trans “subsiste con el trabajo sexual”.

Ma. Eugenia Duré (FdT, T.del Fuego): “Estamos en una sesión histórica y es un día de celebración”. “Durante los gobiernos democráticos feministas y transfeministas se hacen efectivos estos derechos”. Abogó por la jubilación anticipada de las personas trans y mencionó que hay 7 provincias y más de 50 municipios que ya tienen cupo laboral trans.

Ma. Eugenia Catalfamo (FdT, San Luis): Repitió que es una reparación histórica y aseguró que es una ley de inclusión social, más que laboral. Recordó que nuestro país está a la vanguardia en este tipo de “conquistas” y ´comentó que en su provincia hace tiempo que se viene trabajando para mejorar la calidad de vida de este colectivo y que para eso tratan de incluirlos en los distintos niveles de la administración pública.

Nancy González (FdT, Chubut): agradeció la militancia de todas las organizaciones LGBT y expresó su felicidad y orgullo por participar de esta sesión. Elogió al actual gobierno y dijo que “la política tiene la capacidad de transformar la vida de las personas”. “No hay que normalizar a las personas para que entren en las leyes, sino promover leyes que se adapten a las personas”.

Lucila Crexell (Interbloque Federal, Neuquén): “el trans es un colectivo que ha sufrido la exclusión estructural”. “La discriminación es el precio pagado por poner en crisis un sexo binario”. Leyó estadísticas de la ciudad de Buenos Aires sobre las condiciones de vida de la población trans. Enmarcó el proyecto en leyes tales como: “matrimonio igualitario”, “identidad de género”, “violencia contra la mujer” y la ley de salud mental que los “despatologizó”.

Inés Blas (FdT, Catamarca): Afirmó que no hay mucho que decir cuando se piensa en la larga lucha de este colectivo y pidió disculpas por la demora en el tratamiento. “El trabajo ordena la vida de las personas y permite planificar un futuro”. Recordó que ella presentó un proyecto de ley de cupo trans que se tuvo a la vista cuando se emitió este dictamen.

Ana María Ianni (FdT, Sta. Cruz): Se manifestó “militante de este proyecto nacional y popular”. Dijo que el trans fue un colectivo “estigmatizado y perseguido, que hoy daba un gran paso en la conquista de sus derechos”. “El trabajo formal es algo que el colectivo trans no vive en la cotidianidad” afirmó y aseguró que esto les va a permitir gozar de todos los beneficios que anexa ese tipo de trabajo.

Pablo Blanco (UCR, Tierra del Fuego): Confesó que al inicio de la sesión tenía la determinación de abstenerse, pero al escuchar a sus colegas decidió votar positivamente.

Luis Petcoff Naidenoff (UCR, Formosa): “Cuando se trata de terminar con la discriminación y poner fin a la injusticia no alcanza con una ley, porque existe una historia de arrastre”. “El estado tiene que dar un paso más allá de este piso de dignidad, el desafío es cultural y el puntapié inicial lo tiene que dar el estado”. “Reconocemos su plan de vida, pero también queremos que construyan con dignidad su progreso social y ahí está el estado”.

Daniel Lovera (Peronismo Pampeano): “Han sido criminalizados y excluidos de la sociedad”.  “Necesitan un trabajo digno que les permita planificar su vida”. “La exclusión laboral les impide acceder a cualquier otro derecho”. “Necesitamos un cambio cultural que elimine las prácticas discriminatorias”.

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EQUIDAD DE GÉNERO EN LOS MEDIOS Y CUPO TRANS

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NOTIVIDA, Año XX, Nº 1250, 11 de junio de 2021

SE APROBÓ LA LEY DE “EQUIDAD DE GÉNERO” EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

OBTUVO MEDIA SANCIÓN EL PROYECTO DE CUPO LABORAL TRANS

La cámara de Diputados sancionó la “Ley de Equidad en la Representación de los Géneros en los Servicios de Comunicación de la República Argentina” (OD 270/2020) que establece un cupo mínimo del 1% de transgéneros, transexuales, travestis e intersex, en el personal de los medios de comunicación de gestión estatal. El Senado la había aprobado por unanimidad en octubre. Una ley inédita en el mundo.

Dice el proyecto: “La equidad en la representación de los géneros desde una perspectiva de diversidad sexual debe aplicarse sobre la totalidad del personal de planta permanente, temporaria, transitoria y/o contratado, cualquiera sea la modalidad de contratación, incluyendo los cargos de conducción y/o de toma de decisiones”.

En tanto los medios de gestión privada a los que se otorgue el “certificado de equidad en la representación de los géneros”, tendrán preferencia en la asignación de la pauta publicitaria oficial.

Para obtener ese certificado los medios privados deberán acreditar anualmente al menos 4 de los siguientes requisitos:

a) Procesos de selección de personal basados en el respeto del principio de equidad en la representación de los géneros;

b) Políticas de inclusión laboral con perspectiva de género y de diversidad sexual;

c) Implementación de capacitaciones permanentes en temáticas de género y de comunicación igualitaria y no discriminatoria, de conformidad con la normativa vigente en la materia;

d) Acciones para apoyar la distribución equitativa de las tareas de cuidado de las personas trabajadoras;

e) Disposición de salas de lactancia y/o de centros de cuidado infantil;

f) Promoción del uso de lenguaje inclusivo en cuanto al género en la producción y difusión de contenidos de comunicación; y

g) Protocolo para la prevención de la violencia laboral y de género

Durante la misma sesión Diputados aprobó y giró al Senado el proyecto de ley de cupo laboral para personas travestis, transexuales y transgénero (OD 235/2020). La votación arrojó 207 votos positivos, 11 negativos y 7 abstenciones.

Dice el proyecto: “El Estado nacional, comprendiendo los tres poderes que lo integran, los Ministerios Públicos, los organismos descentralizados o autárquicos, los entes públicos no estatales, las empresas y sociedades del Estado, debe ocupar en una proporción no inferior al uno por ciento (1 %) de la totalidad de su personal con personas travestis, transexuales y transgénero, en todas las modalidades de contratación regular vigentes”.

Votaron en contra los diputados de Juntos por el Cambio: Juan Aicega, Federico Angelini, Jorge Enríquez, Alejandro García, Osmar Monaldi, José Luis Patiño, María Carla Piccolomini, Dina Rezinovsky, Francisco Sánchez, David Schlereth y Pablo Torello. Se abstuvieron: Héctor Baldassi, Alicia Fregonese, Gustavo Hein, Carmen Polledo, Humberto Orrego, Luis Pastori y Javier Campos, del mismo interbloque.

El debate

Mónica Macha (FdT, BsAs) habló como miembro informante y comenzó saludando a las personas trans presentes en el recinto (“poquites por la pandemia”). Ponderó al Decreto 721/2020 con el que el presidente Alberto Fernández anticipó esta política pública y fustigó “la violencia patriarcal”. Enumeró algunos beneficios que otorga el proyecto como facilitar el acceso al crédito o garantizar la terminalidad educativa y la capacitación.

Vanesa Siley (FdT, BsAs) mencionó cifras, por ejemplo, “el 88,2% de las personas trans nunca pudo tener un empleo formal”, “el 70% nunca fue a una entrevista laboral”, “el 75% vive en un hotel, pensión o casa tomada”.  

Gabriela Estévez (FdT, Córdoba): aseguró que “el estado argentino tiene una enorme deuda con la población trans” pero viene recorriendo el camino de la reparación que se inició en 2005 cuando el presidente Kirchner “los convocó a ser parte de la agenda”. Recordó que Cristina Fernández les otorgó los primeros DNI tras promulgar la Ley de Identidad de género.

Paola Vessvessian (FdT, Sta. Cruz): “es una ley federal porque fija el cupo laboral para todo el país”. “Es una política pública, es decir, va más allá de los gobiernos”. “Estas son leyes que llegan con los gobiernos populares”.

Maximiliano Ferraro (CC, Ciudad de BsAs): “La noción de igualdad implica el no sometimiento de los grupos”. “Son leyes democráticas y sociales, leyes que reconocen derechos humanos”. Recordó a activistas trans históricos.

Brenda Austin (UCR, Córdoba) afirmó que el de las personas trans “es el colectivo que se encuentra con la mayor vulneración de derechos”. Recordó que “6 de cada 10 mujeres trans y 7 de cada 10 varones trans abandonan la escuela” y que muchos se dedican a la prostitución.

Enrique Estévez (PS, Sta. Fe) dijo que estaban tratando “un tema trascendente para la sociedad, cosa que no pueden decir con frecuencia”.  Destacó que tanto su provincia como su partido han sido pioneros en estos temas. Resaltó que el proyecto no exige el cambio registral.

Flavia Morales (Frente para la Concordia Misionero) recordó que el dictamen aunó muchos proyectos y elogió el trabajo hecho en la Comisión de mujeres y diversidad. “Todavía hay prejuicios que nos obligan a replantear el ejercicio de ciertos derechos”. “No alcanza este proyecto para devolverles tantos años de sufrimiento y dolor”. 

Mónica Schlottahuer (Frente de Izquierda) “Este colectivo ha sido víctima de todo tipo de violencia estatal”. Como trabajadora ferroviaria pidió cupo trans en el transporte. Recordó una frase de Lohana Berkins: "Hay que tener coraje para ser mariposa en un mundo de gusanos capitalistas".

Ma. Lucila Masín (FdT, Chaco) puntualizó que el 90% de las mujeres trans ejerce la prostitución. Habló de una persona trans que trabaja en la cámara y describió su trayectoria. Le pidió a los “diputades” que no maten las esperanzas de las personas trans.

Roxana Reyes (UCR, Sta. Cruz): reclamó el cumplimiento efectivo de la Ley Micaela, de capacitación en género para todos los funcionarios de los tres poderes del estado y denunció un caso de abuso en su provincia.

Carlos Cisneros (FdT, Tucumán): destacó que su provincia ya tiene una ley de inclusión laboral trasn. “La ley contempla la participación de las organizaciones sociales y de los gremios”. “No se le puede pedir meritocracia a esta población para acceder a los puestos de trabajo”.

Lucía Corpacci (FdT, Catamarca): “Es una ley de reconocimiento de derechos”. “Esta ley tiene incentivos para las empresas privadas que contraten trans”. “No se les exige terminalidad educativa porque la violencia en las escuelas los expulsa habitualmente del sistema educativo”.

Carmen Polledo (PRO, Ciudad de BsAs): resaltó que la Ciudad de BsAs ha estado siempre a la vanguardia en materia de leyes y políticas públicas relacionadas con la diversidad. Criticó que para acceder al cupo laboral trans haya que inscribirse en un registro y lo estimó un acto discriminatorio, motivo por el cual anticipó que se iba a abstener en la votación.

Estela Hernández (FdT, Chubut): mencionó que en su provincia ya hay ley de cupo. “La diversidad es una condición para el desarrollo”.  “La pandemia puso de manifiesto la vulnerabilidad de algunos colectivos, por ejemplo, el trans”. Para Hernández los gobiernos populares “amplían derechos” y cree que el actual gobierno está en ese camino.

Victoria Morales Gorleri (PRO, Ciudad de BsAs): “Soy misionera de la Iglesia Católica y desde los 15 años recorro el territorio, las realidades más dolorosas que encontré son las de las mujeres y hombres trans expulsados de su familia por una cultura que no podía abrazarlos”. “Sé que tal vez no es la ley perfecta, pero es algo que les debemos”. “Ojalá sea el primer paso para que no sufran más”.

Mabel Caparrós (FdT, Tierra del Fuego): “Estamos abriendo la puerta para que se acceda a un derecho”. “El 1% debe ser el piso, no el techo”. Mencionó a activistas trans de su provincia. “Tenemos que trabajar por más derechos”.

Gabriela Lena (UCR, Entre Ríos): “Es una comunidad estigmatizada”. “Hay una historia de odio y racismo”. “El mercado laboral no incluye a las personas trans y recurren a la prostitución”. “Un cupo es sólo un paso, pero es un paso importante para lograr una sociedad sin discriminación”.

Silvana Ginocchio (FdT, Catamarca): Aseguró que la ley, con acciones positivas, busca la inclusión laboral y la igualdad de oportunidades. “Esto es necesario para cambiar las pautas culturales y combatir los estereotipos”.  “El desarrollo humano se enmarca en políticas públicas con perspectiva de género”.

Leonardo Grosso (FdT, BsAs): “Esta ley es el resultado de la lucha de los compañeres”. Destacó que el Gobierno viene impulsando estas políticas públicas y que el Congreso tiene programas para fomentar la inclusión. Narró experiencias del “teje de San Martín” al que pertenece. Y manifestó su deseo de que al Congreso “lo invada la furia travesti”.

Alejandro García (PRO, Ciudad de BsAs): “Más allá de regular la no discriminación a las personas trans, con este proyecto estamos regulando la ley de empleo público que establece requisitos para el ingreso, por ejemplo, no tener un proceso penal pendiente”. “Este Cuerpo no puede decidir que delitos son relevantes”. “Tiraríamos por la borda normas básicas de convivencia”. Adelantó que no iba a acompañar el proyecto.

Carolina Yutrovic (FdT, Tierra del Fuego): Considera que “siempre hubo discriminación hacia las personas trans y que eso les imposibilitó el acceso a derechos básicos”. “El colectivo sufre un disciplinamiento inhumano”. Mencionó datos del informe "Cumbia, copeteo y lágrimas" sobre la situación de la población trans.

Dolores Martínez (UCR, Ciudad de BsAs): resaltó hitos en materia de género. Dijo que le hubiera gustado una ley más clara pero que igual la iba a votar positivamente.

Ayelén Spósito (FdT, Río Negro): “Es un día histórico para los argentines“. Afirmó que en los primeros dos meses del año fueron asesinadas 70 personas trans. Narró que su “gran compañera de la vida” es Ornella Infante, activista trasn hoy funcionaria del INADI.

Ma. Rosa Martínez (FdT, BsAs): “La construcción de la igualdad es un acto de reparación”. Contó que pudo participar junto al presidente Fernández de la entrega del documento rectificado nº 9.000. “Este trabajo tiene previsión social”, afirmó y acotó que como “les compañeres” tienen baja expectativa de vida esa previsión les debería llegar antes.

Ana Carla Carrizo (UCR, Ciudad de BsAs): Invitó a las personas trans a reír, “no como los que siempre ganan sino como los que nunca se rinden”. Señaló que algunos preguntan si esta ley es oportuna y respondió que no es oportuna, es tardía. Afirmó que los representantes de la diversidad están transversalmente en todos los partidos y que por eso se llegó hasta acá.

Mara Brawer (FdT, Ciudad de BsAs): “A la población trans no sólo se la privó de derechos, se le negó el derecho a la existencia”. “Se le negó el derecho a la identidad”. “Con el cupo no alcanza, pero tiene valor simbólico e impacto en la sociedad”.

Ma. Cristina Alvarez Rodríguez (FdT, BsAs): narró que hay 18 personas trans trabajando en la cámara de Diputados y leyó testimonios.

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NOTIVIDA, Año XX, Nº 1250, 11 de junio de 2021

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LA TASA DE FECUNDIDAD EN LAS PROVINCIAS

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NOTIVIDA, Año XX, Nº 1249, 7 de junio de 2021

LA TASA DE FECUNDIDAD EN LAS PROVINCIAS

Sólo 5 provincias superaron el nivel de reemplazo poblacional en 2019. La Ciudad de Buenos Aires se muere de vieja. La Patagonia es la región geográfica donde la tasa global de fecundidad cayó más en el último lustro.

Por Mónica del Río

La Ciudad de Buenos Aires tiene la menor tasa global de fecundidad (promedio de hijos por mujer) de la Argentina. Esa tasa está por debajo del nivel de reemplazo poblacional (2,1) al menos desde 1990. Calculada con los datos provistos por el Ministerio de Salud de la Nación para el 2019 la Ciudad arroja una tasa de 1,50 hijos por mujer.

La Capital Federal, a semejanza de muchos países europeos, tiene una población envejecida y su crecimiento vegetativo (diferencia entre nacimientos y defunciones) es muy bajo. La población se mantuvo estable en las últimas décadas, gracias a un importante porcentaje de migrantes.

La edad promedio de las madres -que dos décadas atrás era de 28 años para el distrito- está ahora alrededor de los 32 años, un momento de la vida en que la fertilidad femenina comienza a declinar (proceso que poco después se acelera). De allí que muchas clínicas que se dedican a hacer fecundación artificial, hoy ofrezcan –incluso gratis- vitrificar los óvulos.

Después de la Ciudad de Buenos Aires -en cuanto a la escasez de hijos por mujer- sigue La Rioja (1,63) que descendió del nivel de reemplazo generacional a partir del 2010.

A excepción de esos dos distritos -y más allá de la merma generalizada de la fecundidad en el país- las restantes provincias se mantuvieron por encima del nivel de reemplazo hasta el 2015. Pero, como señalábamos en Notivida nº 1248, en el último lustro se produjo una marcada caída de la natalidad que, con diferente impacto, se reflejó en todo el país.

Conforme a los cálculos que efectuamos con los datos oficiales, en 2019 sólo 5 provincias quedaron por encima del nivel de reemplazo: Formosa (2,12), San Juan (2,12), Sgo. del Estero (2,16), Chaco (2,23) y Misiones (2,25).

Por debajo de la ya menguada tasa global de fecundidad del país (1,81) se situaron en 2019 -además de la Ciudad de BsAs y La Rioja- las siguientes provincias: La Pampa, Santa Cruz, Chubut, Jujuy, provincia de BsAs, San Luis, Tierra del Fuego, Río Negro, Santa Fe, Catamarca y Córdoba. Todas ellas con un promedio de hijos por mujer que oscila entre 1,67 y 1,79.

Por encima de esa media nacional, pero sin alcanzar el nivel de reemplazo están -en orden creciente-: Mendoza, Entre Ríos, Tucumán, Neuquén, Corrientes y Salta; todas entre 1,85 y 2,03.

Las provincias donde la tasa de fecundidad cayó más entre 2014 y 2019 son: Tierra del Fuego (28%), Santa Cruz (26%) y Río Negro (25%). A ellas le siguen con un descenso del 23%: Chubut, provincia de Buenos Aires y Jujuy. Concluimos -como el año pasado- que la deshabitada Patagonia es la región geográfica que más se sigue despoblando.

En el gráfico se observa que hasta el año 2013, las provincias más australes estaban por encima del promedio de hijos por mujer del país y ahora –a excepción de Neuquén- están todas por debajo.

Fuente: Cálculo hecho por Notivida con datos del Ministerio de Salud de la Nación

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MARCADA CAIDA DE LA NATALIDAD EN ARGENTINA

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NOTIVIDA, Año XX, Nº 1248, 26 de mayo de 2021

MARCADA CAIDA DE LA NATALIDAD EN ARGENTINA

La fecundidad descendió bruscamente en el último lustro. Nuestro país cae por debajo del nivel de reemplazo poblacional. Los resultados de las políticas antinatalistas implementadas en los últimos años pronostican un “invierno demográfico”.

Por Mónica del Río

Como anticipamos en Notivida Nº 1244 los nacimientos volvieron a caer en 2019 (últimos datos disponibles) y se registró la cifra más baja de las últimas décadas.

La tasa de natalidad -que se había mantenido más o menos estable en los 20 años previos- comenzó a descender abruptamente a partir del 2014.

La cantidad de nacimientos disminuyó casi un 20% entre el 2014 (777.012) y el 2019 (625.441) y la tasa de natalidad descendió de 18,2 a 13,9 en el mismo período. La cantidad de hijos por mujer que en 2014 superaba los 2,32 cayó casi un 22% (1.81). Es decir, está por debajo del nivel de reemplazo poblacional (2,1).

Recordemos que en 2014 el Ministerio de Salud de Cristina Fernández incorporó el implante subdérmico (anticonceptivo de larga duración orientado a mujeres de menos de 25 años) a la canasta de medicamentos que se distribuye a través del programa Remediar. Ese mismo Ministerio -y con el “apoyo técnico” de la filial local de la IPPF- redactó en 2015 el Protocolo de aborto.

En 2017 el gobierno de Cambiemos implementó el Plan ENIA para reducir el embarazo adolescente (consejerías en salud sexual, anticoncepción y aborto). En 2018 abrió el debate legislativo sobre aborto y si bien no prosperó en esa fecha, instaló el tema en los medios, en las calles y hasta en la mesa familiar; lo que aumentó la demanda. Simultáneamente la ANMAT aprobó el uso del misoprostol como abortivo.

Los efectos de las políticas antinatalistas llevadas a cabo en los últimos años y profundizadas por el actual gobierno, presagian que Argentina no va a escapar al “invierno demográfico” que campea ya en buena parte del mundo.

Nota: La información proporcionada en este boletín, incluida la tabla, es de elaboración propia y se ha confeccionado con los datos suministrados por el Ministerio de Salud de la Nación.

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NOTIVIDA, Año XX, Nº 1248, 26 de mayo de 2021

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LAS RECOMENDACIONES DEL COMITÉ DE BELEM DO PARÁ

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NOTIVIDA, Año XX, Nº 1247, 10 de mayo de 2021

LAS RECOMENDACIONES DEL COMITÉ DE SEGUIMIENTO DE BELEM DO PARÁ

Una herramienta internacional para imponer el aborto

Como informamos la semana pasada el Senado argentino le dio dictamen favorable a los proyectos que pretenden darle rango constitucional a la “Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer”, más conocida como Convención de Belem do Pará.

El dictamen (OD 113/2021) lleva la firma  de los senadores del Frente de Todos: Ma. de los Ángeles Sacnun (StaFe); Norma Durango (La Pampa); Claudio Doñate (Río Negro); Inés Blas (Catamarca); Nancy González  (Chubut); Ma. Eugenia Catalfamo  (San Luis); Sergio Leavy  (Salta); Ma. Eugenia Duré (T.del Fuego); Daniel Lovera (La Pampa); Silvina García Larraburu (Río Negro); Dalmacio Mera (Catamarca); Beatriz Mirkin (Tucumán); Gerardo Montenegro (Sgo.del Estero); Ma. Inés Pilatti Vergara (Chaco); José Neder (Sgo.del Estero); Silvia Sapag (Neuquén) y  Ana María Ianni (Sta.Cruz). A los que se sumaron: Guadalupe Tagliaferri (JxC, Ciudad de BsAs); Alberto Weretilneck (Juntos Somos Río Negro) y Magdalena Solari Quintana (Renovador de la Concordia, Misiones). Se espera que los senadores por Catamarca y Sgo. del Estero que han rechazado el año pasado el proyecto de aborto, se abstengan en el recinto.

El proyecto fue dictaminado en horas y se trataría en la próxima sesión. Este trámite exprés no deja mucho tiempo para el análisis y algunos se contentan con acudir al texto de la Convención, en el que -como cabe esperar- no hay nada que expresamente amenace el derecho a la vida.

Por esta razón consideramos oportuno reseñar algunos párrafos consignados en los documentos emitidos por el “Comité de expertas” del Mecanismo de Seguimiento de Belem do Pará (MESECVI) que es el que examina a los estados parte en base a su propia reinterpretación de la Convención.

Es fácil constatar en esos párrafos que el Comité presiona a los estados para que legalicen el aborto. A nuestro país en particular lo instó en 2017 a legalizar el aborto hasta la semana 12, cosa que, lamentablemente, hizo a fines del año pasado (con una norma que se da de bruces con tratados internacionales a los que se le dio jerarquía constitucional con la reforma del año ’94). Partiendo de allí y a la primera de cambio el Comité nos exigirá una ley más amplia, especialmente si la Convención trepa a la cúspide de la pirámide jurídica como se pretende.

Entre las “Recomendaciones del Segundo Informe Hemisférico sobre la Implementación de la Convención” (MESECVI, 2012) figuran:

10. “Legalizar la interrupción del embarazo por motivos terapéuticos, sea para salvar la vida de la madre o evitarle un daño grave o permanente a su salud física y mental. Implementar dicho servicio en los hospitales y centros de salud y establecer protocolos o guías de atención para garantizar el acceso de las mujeres a dicho procedimiento”.

11. “Legalizar la interrupción del embarazo producido por violación. Implementar dicho servicio en los hospitales y centros de salud y establecer protocolos o guías de atención para garantizar el acceso de las mujeres a dicho procedimiento”.

30. “Establecer servicios especializados gratuitos para las mujeres víctimas de violencia, sus hijas e hijos, entre ellos: … servicios de salud integral que cubran la atención de la salud sexual y reproductiva así como la interrupción legal del embarazo”.

Entre los “indicadores de progreso” que el Comité ha elaborado para la medición de la implementación de la Convención (MESECVI, 2014) sobre los que Estados Parte deben informar periódicamente está:

“En relación con los derechos sexuales y reproductivos, legislación específica que incluya la sanción de violencia obstétrica en particular en embarazos adolescentes; que permita la interrupción legal del embarazo por causas terapéuticas; que permita la interrupción legal del embarazo por violación sexual”.

El Informe hemisférico sobre violencia sexual y embarazo infantil (MESECVI, 2016) menciona reiteradamente al “embarazo forzado” como “tortura” y entre otras cosas dice:

“Aparecen consecuencias físicas y psicológicas a corto y largo plazo cuando las mujeres se someten a abortos en condiciones de riesgo y cuando se ven obligadas a llevar el embarazo a término contra su voluntad”.

“Algunos Estados siguen restringiendo con prohibiciones absolutas del aborto el derecho de las mujeres a abortar de manera legal y sin riesgos. Restringir el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo provoca muertes innecesarias de mujeres”.

“El CEVI recomendó a los Estados procurar atención integral para las víctimas de violencia sexual y garantizar a las mujeres la salud sexual y reproductiva, incluyendo su derecho a la vida eliminando el aborto inseguro y emitiendo leyes y políticas públicas que permitan la interrupción legal del embarazo, por lo menos, cuando i) la vida o salud de la mujer esté en peligro, ii) exista inviabilidad del feto de sobrevivir, y iii) en los casos de violencia sexual, incesto e inseminación forzada”.

Del “objetor de conciencia” al “obstaculizador del aborto”:

“Este Comité entiende que el mantenimiento forzado de embarazos de niñas de menos de 14 años constituye, en cualquier caso, un acto de violencia, por lo que los Estados Parte que prohíban la interrupción del embarazo en estos casos estarían cometiendo violencia institucional contra las víctimas”.

“Lo mismo ocurre con el personal médico de centros de salud públicos que viole la confidencialidad de la paciente o bien se niegue a practicar una interrupción legal de embarazo, obstaculizando los derechos de las mujeres y niñas”.

“En general, la normativa penal da cuenta de un amplio andamiaje de sanciones para proteger a las niñas menores de 14 años de la violencia sexual, pero nada dice sobre los daños que se ocasionan cuando, la niña, pudiendo acceder a un aborto legal, es víctima del personal de salud que bajo la excusa de trabas burocráticas u objeción de conciencia desalientan las posibilidades legales de las niñas y sus progenitores para acceder a una interrupción legal del embarazo producto de las violaciones”.

“El mismo cuestionamiento opera para la implementación de protocolos de salud que dejan un amplio margen de actuación o libre criterio al personal médico encargado de cumplir las pautas necesarias para la interrupción del embarazo en estos casos”.

Entre las recomendaciones hechas por el Comité en ese informe están:

“Eliminar el aborto inseguro, asegurando normativamente que todos los embarazos de niñas sean considerados de alto riesgo y permitan la interrupción legal del embarazo”.

Una de las “Recomendaciones Generales del Comité de Expertas” (No. 1, año 2018) sobre “Legítima defensa y violencia contra las mujeres” es:

“Asegurar el acceso a la justicia para las mujeres garantizando, como mínimo, asesoría jurídica gratuita y patrocinio jurídico durante el proceso, incluyendo ... servicios de salud integral que cubran atención de la salud sexual y reproductiva así como la interrupción legal del embarazo” (recomendación Nº 5).

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NOTIVIDA, Año XX, Nº 1247, 10 de mayo de 2021

Editora: Lic. Mónica del Río

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