NOTIVIDA, Año XII, Nº 858, 2 de octubre de 2012
San Rafael, Mendoza
EL CIDEPROF LE SOLICITA A MACRI EL VETO
La institución ofrece hacerse cargo de los niños concebidos como consecuencia de una violación y, si fuera necesario, de sus madres -sea cual fuere la condición específica de su salud mental-. Siguen los agravios a la Iglesia.
Mañana, los trokistas, en una nueva burla a la Iglesia, se disfrazarán de curas, y escracharán a Macri por su posible veto a la ley de aborto que, bajo el eufemismo de "no punible", introduce la práctica encubierta del aborto libre y obligatorio en la ciudad de Buenos Aires. Lejos de la Plaza de Mayo, curas de verdad, seguirán cuidando, sin pausa y silenciosamente, a los más necesitados.
El Instituto del Verbo Encarnado lleva adelante en San Rafael (Mendoza) un proyecto denominado 'Ciudad de la Caridad'. Al presente, cuenta con: el Hogar San Martín de Tours que atiende a más de 50 enfermos varones discapacitados, de diversos niveles de profundidad; el Hogar Divina Providencia que cobija a alrededor de 60 discapacitadas enfermas (algunas de ellas madres solteras discapacitadas, que han dado a luz a hijos sanos con los que interactúan, enriqueciéndose mutuamente); el Hogar de niños Gianna Beretta Molla, con 70 niños huérfanos o con problemas familiares y el Hogar Rosa Giovannetti de adolescentes y jóvenes. Los profesionales que asisten los Hogares fundaron, hace 15 años, el CIDEPROF (Centro de Investigación de la Problemática Familiar), para investigar acerca de la problemática de la familia y la discapacidad.
Estos antecedentes muestran que el pedido de veto elevado a Macri, por el Dr Ricardo Curutchet, presidente del CIDEPROF y miembro de la Junta Ejecutiva Federal de la Red Federal de Familias, no es meramente declarativo.
Recuerda Curutchet en la misiva; que "la ley en ciernes pisotea el derecho a la vida del que es titular el niño por nacer, cuya muerte se autoriza y, peor aún, se promueve; y a cuya práctica se obliga a los prestadores de salud y a las instituciones sanitarias de la Ciudad".
Tras fundar con sólidos argumentos jurídicos su solicitud, Curutchet enfatiza: "ofrecemos a ese Gobierno y a todas las mujeres afectadas, a sus familias y a su entorno social, hacernos cargo de esos niños desde su nacimiento y, si fuere necesario, hacernos cargo de las madres, desde el momento en que ellas tomen conciencia de su embarazo y hasta el momento que sea necesario".
A continuación el texto completo del pedido de veto:
Buenos Aires, 1° de octubre de 2012.
Señor Jefe de Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
Ing Mauricio Macri.
De nuestra consideración:
En mi carácter de presidente del CENTRO DE INVESTIGACIONES DE LA PROBLEMÁTICA FAMILIAR cumplo en dirigirme a Ud., en su condición de Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de solicitarle, en nombre de la asociación que presido, que ejerza el derecho de veto que le confiere la legislación vigente respecto de la ley de aborto que, bajo el eufemismo de "no punible" introduce la práctica encubierta del aborto libre y obligatorio en la ciudad de Buenos Aires; y, de ese modo, cumpla Ud. con el deber de custodia y promoción del Bien Común que se le ha encomendado y que incluye, en su primer nivel de exigencia, el cuidado de los más desvalidos. El Estado jamás debería verse involucrado, bajo ningún aspecto, en la eliminación sistemática de seres humanos inocentes, incluidos obviamente los niños y las niñas por nacer.
En efecto, como bien se ha dicho, aun cuando se pretendiera acordar vigencia —que no la tienen—, a las categorías de abortos "no punibles"; la —nula, inconstitucional y derogada— solución de los incisos 1° y 2° del artículo 86 del Código Penal únicamente se limitaba a establecer que sólo cuando el aborto era practicado en las dos hipótesis específicamente previstas, ese hecho delictivo quedaría sin castigo, no corresponde que de ello se extraiga la consagración de un "derecho a abortar", y, mucho menos, la obligación de llevar a cabo la práctica o de proporcionar medios para que el aborto se realice.
Los bienes públicos sujetos a la administración del Estado, en este caso a la suya, de ningún modo pueden aplicarse al financiamiento de prácticas ilícitas (ni siquiera en el supuesto de que ellas, por las razones que sean, no reciban sanción penal) y, menos aún puede obligarse a los funcionarios públicos a incurrir en ellas o a contribuir a su ejecución.
La ley sancionada, que hace impune, legitima y convierte en obligatoria la práctica de los abortos en los casos que allí se prevén, no sólo es moralmente repugnante sino que, más allá de su inconstitucionalidad sustancial, excede por completo su competencia, ya que la sanción de normas en materia penal ha sido delegada al Poder Legislativo Nacional.
En nombre del Centro cuya representación ejerzo, le pido que tenga en cuenta que dicha ley en ciernes pisotea el derecho a la vida del que es titular el niño por nacer, cuya muerte se autoriza y, peor aún, se promueve; y a cuya práctica se obliga a los prestadores de salud y a las instituciones sanitarias de la Ciudad, olvidando que tal derecho tiene rango constitucional de primer nivel; y que, en concreto, consiste en el interés superior del niño; interés que las disposiciones constitucionales y legales en vigencia obligan a proteger en primer término y en absoluto, es decir, sin condiciones, por lo que está por encima de toda otra consideración y derecho que, supuestamente, se vean afectados por el respeto de aquél, es decir, de la vida del niño cuyo asesinato se preconiza.
Recuerde, señor Jefe de Gobierno, que la ley cuya promulgación se pretende, concordantemente con el fallo de la Corte Suprema que es su antecedente (conf. re "Fuentes, Aurora s/ medida autosatisfactiva" —Fallo n° 259/2010 Letra F, Libro 46—) cínicamente pero de acuerdo con el dictamen unánime de la ciencia, reconoce la existencia de vida humana en el niño concebido como consecuencia supuesta de una violación pero —contradiciendo esa premisa— autoriza y manda suprimirla en aras de difusos derechos de la madre que, aunque existieran, son de evidente subordinación a aquél superior de la vida del niño por nacer. Tenga presente entonces que quienes recojan ese criterio estarán autorizando y ordenando suprimir vidas inocentes, sólo "culpables" (¡culpables!, ¡qué aberración tan patente y que parece no se advierte!) de su origen.
Porque es así: el autorizar, y reitero, obligar, la práctica de abortos, implica la creación de una categoría especial de personas, las que han sido concebidas a raíz de una violación, a las cuales, sin que calidad alguna suya las distinga de otras, se las priva de la protección de los servicios de justicia y de salud y a las que niega, lisa y llanamente, el derecho a la vida. O sea, de personas sin derecho a la vida. No otra cosa implicaría la promulgación de la ley en cuestión.
Por ello, solicito que vete el proyecto de aborto no punible sancionado por la Legislatura porteña.
No desconocemos los graves problemas que para la víctima de una violación puede acarrear un subsiguiente embarazo y su gestación, alumbramiento y el posterior sostén de un hijo nacido bajo tales circunstancias.
Creemos sinceramente que una acogida favorable y maternal a ese niño residente en su seno será, para la madre que así lo reciba —sea cual fuere la condición específica de su salud mental—, una generosa fuente de alegrías y bendiciones a lo largo de su vida; pero comprendemos también que eso no pueda ser así aceptado por parte de quien ha sufrido una tan grande violencia en su cuerpo, en su psiquis y en su dignidad, por lo cual ofrecemos a ese Gobierno y a todas las mujeres afectadas, a sus familias y a su entorno social, hacernos cargo de esos niños desde su nacimiento y, si fuere necesario, hacernos cargo de las madres, desde el momento en que ellas tomen conciencia de su embarazo y hasta el momento que sea necesario.
Esta oferta, que ahora hacemos simplemente por medio de esta carta que enviamos por vía electrónica, nos comprometemos a confirmarla con los datos suficientes que la tornen aceptable y digna de confianza por parte de la sociedad y de sus legisladores.
Mientras tanto, y nuevamente invocando la representación del Centro de Investigaciones de la Problemática Familiar, le pido encarecidamente que atienda nuestra solicitud y vete la ley para cuya promulgación ha sido elevada a la consideración de esa Jefatura de Gobierno.
Junto con nuestra encendida petición y en la espera de que será favorablemente atendida, reciba Ud. nuestro saludo.
Ricardo S. Curutchet, Presidente del Consejo Directivo del CIDEPROF
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