lunes, 13 de julio de 2020

DÍA DE LA VISIBILIDAD LÉSBICA

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NOTIVIDA, Año XX, Nº 1204, 13 de julio de 2020

DÌA DE LA VISIBILIDAD LÉSBICA

La Comisión de Legislación General de la Cámara de Diputados despachó hoy el proyecto de ley (expte. 203/2019) de las oficialistas Gabriela Estévez y Mayra Mendoza que instituiría al 7 de marzo como “Día Nacional de la Visibilidad Lésbica” en todo el territorio nacional. Lo tiene que estudiar ahora la Comisión de Mujeres y Diversidad.

Según se lee en los fundamentos del expediente, la fecha busca conmemorar a Natalia "Pepa" Gaitán, una joven lesbiana asesinada por el padrastro de su pareja el 7 de marzo de 2010, “así como homenajear a toda la comunidad lésbica que milita para una sociedad más justa e igualitaria”.

El proyecto prevé que el Ministerio de Educación de la Nación -a través del Consejo Federal de Educación- acuerde “con las autoridades educativas de las distintas jurisdicciones, la incorporación de este día a los contenidos curriculares del sistema educativo, en sus distintos niveles y modalidades, educación formal y no formal”.

Más allá del adoctrinamiento propuesto por el expediente, destaquemos que el 7 de marzo es el día de María Antonia de la Paz y Figueroa, conocida popularmente como la Madre Antula, una laica santiagueña que fue beatificada el 27 de agosto de 2016 y que podría convertirse pronto en la primera santa argentina. Una "mujer insigne, gloria de nuestra Patria y ornamento de la Iglesia"; como la define Mons. Marcos Ezcurra en su biografía. Nos preguntamos si en el día de su memoria litúrgica se obligará a los colegios católicos a homenajear a la “Pepa” Gaitán y a exaltar conductas totalmente opuestas a sus enseñanzas.

El despacho lleva las firmas de los diputados: Cecilia Moreau (FdT, BsAs), Ana Carla Carrizo (UCR, Ciudad de BsAs), Hernán Pérez Araujo (FdT, La Pampa), Bernardo Herrera (FdT, Sgo. del Estero), Felipe Alvarez (Acción Federal, La Rioja), Karina Banfi (UCR, BsAs), Karim Alume Sbodio (FdT, San Luis), Brenda Austin (UCR, Cba), Gabriela Cerruti (FdT, Ciudad de BsAs), Luis Contigiani (Fr. Progresista, Sta.Fe), Gabriela Estévez (FdT, Cba), Lucas Godoy (FdT, Salta), Pablo González (FdT, Sta.Cruz), Ramiro Gutiérrez (FdT, BsAs), Maria Carolina Moisés (FdT, Jujuy), Maria Graciela Parola (FdT, Formosa), Paula Penacca (FdT,  Ciudad de BsAs), Luis Petri (UCR, Mza), José Luis Ramón (Unidad y Equidad Federal, Mza), Roxana Reyes (UCR, Sta.Cruz) y Pablo Yedlin (FdT, Tucumán).

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miércoles, 8 de julio de 2020

PROGRAMA INTEGRAL PARA PERSONAS TRANS

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NOTIVIDA, Año XX, Nº 1203, 8 de julio de 2020

EL GOBIERNO LANZÓ UN PROGRAMA INTEGRAL PARA PERSONAS TRANS

Se publicó esta semana en el Boletín Oficial la Resolución 83/2020 del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, que crea el “Programa de fortalecimiento del acceso a derechos para personas travestis, transexuales y transgénero”, (en adelante “personas trans”) cuyo objeto es desarrollar un dispositivo de asistencia integral a esa población con el fin de garantizar su acceso a la educación, salud y empleo. Sus destinatarios son las “personas trans” mayores de 18 años que residan en el territorio nacional.

Según la descripción que hace el Anexo, entre los objetivos específicos están:

ü  el acceso, permanencia y “terminalidad educativa”

ü  el acceso al sistema de salud

ü  la formación y capacitación para el empleo

ü  el acceso y estabilidad en el empleo formal, en el sector público y privado

ü  el acceso a programas sociales y de vivienda

En la justificación se dice que la expectativa de vida de las “personas trans” en Argentina estaría entre 35 y 40 años y que los “circuitos de supervivencia” más comunes son “la prostitución y el narcomenudeo”.

También menciona el Anexo que en junio de 2012 se realizó en La Matanza la Encuesta sobre “Población Trans”, que arrojó que poco más de la mitad de esa población tiene aprobado únicamente el nivel educativo primario, que aproximadamente un 20% culminó el nivel secundario, y que sólo un 2% finalizó estudios universitarios.

Según la misma encuesta más del 80% de las “personas trans” no cuenta con cobertura de salud y el 70% de los encuestados expuso estar o haber estado en situación de prostitución.

Entre las acciones generales del Programa está el relevamiento de los obstáculos que encuentran las “personas trans” para acceder a sus derechos y la difusión de mecanismos y canales de denuncia ante el incumplimiento de estos.

Acceso a la Educación

El anexo califica a la Ley Nº 26.150, de Educación Sexual Integral, como una herramienta clave para “construir una visión más inclusiva de la sexualidad”, pero señala que ésta “no propone contenidos específicos de diversidad sexual ni contempla a las infancias trans”. Para “superarlo” hay que hacer un “trabajo conjunto con todes les actores del sistema educativo”.

Entre las acciones previstas para el área está la gestión de becas y programas especiales que faciliten la “terminalidad educativa” en distintos niveles.

Acceso a la Salud

El documento dice que, conforme a los resultados de la encuesta realizada en 2012, el 55% de la “población trans” se realizó algún tratamiento de hormonización y casi 8 de cada 10 afirman haberse aplicado una inyección de siliconas o líquidos.

Entre las acciones específicas están: Informar sobre los distintos servicios de salud inclusivos existentes en los diferentes niveles; gestionar el acceso a los tratamientos de hormonización y capacitar a “les profesionales de la salud sobre modelos de atención inclusivos”.

Acceso al Empleo

El 100% de las “personas trans” que participaron de la encuesta mencionada no tenían un trabajo registrado.

El Programa prevé dos clases de acciones: para la capacitación y para el acceso al empleo. Entre las primeras destacan las becas y programas de capacitación laboral y entre las segundas la gestión de empleo en el sector público nacional y la creación de incentivos en el sector privado. También están contemplados los programas de microcréditos para la economía social y solidaria, y programas de cooperativas de trabajo.

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sábado, 4 de julio de 2020

PLAN NACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO

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NOTIVIDA, Año XX, Nº 1202, 4 de julio de 2020

EL GOBIERNO LANZÓ EL PLAN NACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA DE   GÉNERO

El presidente Alberto Fernández lanzó ayer el “Plan Nacional de Acción Contra las Violencias por Motivos de Género”, para el período junio del 2020- junio del 2022, elaborado por el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad. Prevé una inversión de $18 mil millones.

Dice en el prólogo: “Más que un plan, un cambio de paradigma”.

Se lee en el documento: “El enfoque de derechos humanos, en el que se inserta la perspectiva de género para el diseño e implementación de políticas públicas, es el marco conceptual y metodológico”. “Desde esta perspectiva, los derechos humanos no sólo actúan como un límite legal al ejercicio del poder estatal sino, y sobre todo, como una plataforma para la acción y transformación social.” “Hoy, estamos ante un cambio de paradigma” y el Plan es “un fiel reflejo de esta transformación”, remarca.

El Plan se basa en tres dimensiones de la autonomía de las mujeres y personas LGBTI+:

  • Autonomía física: Acceso a los “derechos sexuales y reproductivos” (anticoncepción aborto, esterilización quirúrgica y libre elección de la orientación sexual).
  • Autonomía económica: capacidad de generar ingresos y recursos propios.
  • Autonomía en la toma de decisiones: presencia en los distintos niveles de los poderes del Estado.

Entre los hitos mencionados en las conquistas de las mujeres están:

  • Entre mediados de los años ‘70 y principios de los ‘80 surgieron organismos de derechos humanos, particularmente Madres y Abuelas de Plaza de Mayo.
  • En 1986 comenzaron los Encuentros Nacionales de Mujeres.
  • El 14 de mayo de 2005 se lanzó la “Campaña Nacional por el Derecho al Aborto, Legal, Seguro y Gratuito”, que impulsó el proyecto de aborto que en julio de 2018 alcanzó media sanción en la Cámara de Diputados.
  • En el 2012 la Corte Suprema de Justicia de la Nación emitió el fallo "F.A.L" para los abortos en caso de violación y exhortó a las autoridades nacionales y provinciales a implementar y hacer operativos protocolos hospitalarios que garanticen la práctica.
  • En diciembre de 2019 se creó el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad.

Un Plan distinto a los que lo antecedieron

Menciona como sus antecedentes los planes que para erradicar la violencia contra la mujer realizó el Consejo Nacional de la Mujer para los períodos 2014-2016 y 2017-2019; pero enfatiza que éste Plan tiene “diferencias sustantivas” con los anteriores ya que no sólo apunta a las mujeres, sino que incluye además “la perspectiva de diversidad y las particularidades y necesidades específicas de la población LGBTI+”.

Salud Reproductiva

Las prevenciones del Plan para fortalecer a los servicios de salud sexual y reproductiva en la atención de los abortos son:

  • “Capacitaciones a profesionalxs de la salud sobre el Protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la ILE”
  • “Campaña de difusión del Protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la ILE”
  • “Apoyo a las provincias a través de la gestión de insumos para la implementación del protocolo”
  • “Acompañamiento a equipos de las direcciones provinciales de Salud Sexual y Reproductiva y a equipos de los servicios de salud en la resolución de situaciones de ILE”

Aborto y mortalidad materna

El apartado sobre “Violencia contra la libertad reproductiva” inicia hablando de la cantidad de abortos que se practican anualmente en el país. Asegura que no se conoce el número de abortos por “la clandestinidad de la práctica” pero que “las estimaciones oscilan entre 370 y 522 mil”, según un estudio que las investigadoras Silvia Mario y Edith Pantélides, publicaron en 2009. Aclaremos que esa estimación se basa en una expansión del número de egresos hospitalarios por complicaciones de aborto, y en aquel momento esos egresos rondaban los 60.000.

En cuanto a los egresos hospitalarios actuales el Plan toma la última cifra disponible en la web del Ministerio de Salud (2016) que son 39.025. Una rápida confrontación entre este dato y el que se conocía en 2009 les debería haber hecho notar que el número estimado de abortos que publicaron es hoy, cuando menos, muy abultado.

También dice que en el 2018 “el 13,6% de las muertes maternas fueron causadas por un aborto”. Pero no especifica que para llegar a ese porcentaje han tomado todas las muertes por “embarazo terminado en aborto” y eso incluye a las 16 que ocurrieron por un embarazo ectópico, mola hidatiforme, feto muerto retenido y aborto espontáneo. En el 2018 las muertes maternas vinculadas a un aborto inducido (19) no superaron el 7,4% del total de muertes maternas.

Otra afirmación que sorprende es que “en nuestro país la muerte por embarazo terminado en aborto está entre las primeras causas de muerte materna” cuando es la tercera de tres. Recordemos que las muertes maternas se agrupan en tres tipos de causales, las consignamos con los porcentajes correspondientes al 2018, últimas cifras disponibles: 1) embarazo terminado en aborto (13,6%), 2) causas obstétricas directas (61%) y 3) causas obstétricas indirectas (25,3%).

El aborto dista de ser la primera causa de muerte materna y eso se hace palpable, incluso, en el gráfico con el que ilustran.

Un dato importante que el Plan omite es que si bien el número de muertes de gestantes por aborto inducido entre el 2017 y el 2018 se mantuvo estable (19); la cantidad de mujeres que intentaron dar a luz y murieron por trastornos hipertensivos se incrementó en un 24,3% ¿Por qué esas muertes no entran en los análisis del Gobierno? ¿Las únicas muertes maternas que cuentan son las de las mujeres que habían decidido abortar? ¿Hay argentinas de primera y argentinas de segunda?

A poco de llegar Fernández al poder creó el ideológico Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad. Deseamos fervorosamente que algún día se ocupe prioritariamente de esas mujeres valientes que, aún en las situaciones más adversas, la siguen peleando cotidianamente para criar y educar a sus hijos.

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martes, 30 de junio de 2020

EXPRESAN PREOCUPACIÓN POR LA PERSECUCIÓN A FASTA

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NOTIVIDA, Año XX, Nº 1201, 30 de junio de 2020

DIPUTADOS EXPRESAN PREOCUPACIÓN POR LA PERSECUCIÓN A FASTA

Diputados del PRO presentaron un proyecto de Resolución “por la persecución discriminatoria iniciada contra la Fraternidad de Agrupaciones Santo Tomás de Aquino - FASTA -, en cuanto amenaza el derecho al ideario institucional y las convicciones de sus miembros y afecta la libertad de cátedra en menoscabo a los Tratados de Derechos Humanos, que gozan de jerarquía constitucional; y lo establecido en el artículo 128, inciso c) de la Ley 26.206 de Educación Nacional”.

El proyecto (expte. 2872/2020) lleva las firmas de Francisco Sánchez, Jorge Enríquez, David Schlereth, Soher El Sukaria y Dina Rezinovsky.   

En los fundamentos recuerdan que Victoria Donda, presidente del INADI, anunció que iba a iniciar acciones por el supuesto “discurso de odio” que el diario Página 12 le atribuyó a los colegios de FASTA.

Destacan la labor educativa y social que FASTA lleva adelante en nuestro país, “anclada en una concepción cristiana del mundo y del orden social” y enfatizan que “el derecho a la libertad de ideario que ejerce la citada institución está enraizado en la potestad de los padres de elegir para sus hijos una educación de acuerdo a sus convicciones”.

Describen el marco jurídico que ampara de modo incontrastable el derecho de los padres a elegir y supervisar de la educación de los hijos, particularmente en materia moral y religiosa.

Denuncian que “un avance del Estado sobre las instituciones de educación privada y confesional, como el que insinúan las declaraciones de la directora del INADI, redundará en un menoscabo del derecho a la libertad de conciencia”.

“Este hecho genera una honda preocupación, toda vez que percibimos una creciente intención de que, bajo el pretexto de interpretaciones sesgadas basadas en una ideología particular, se restrinja la libertad del ideario de las instituciones educativas privadas y confesionales. Máxime si se tiene en cuenta que esta tendencia se enmarca en un contexto de hostilidad y discriminación hacia la Iglesia Católica y las confesiones cristianas en general, ejercidas desde organismos que -en teoría- deben velar por la tolerancia y la no discriminación”.

Concluyen que “la imposición desde el Estado de un pensamiento único, que responde a una concepción autoritaria de las instituciones, resulta en un todo contraria a la dignidad inherente a la persona humana y al espíritu de nuestro extenso plexo constitucional”.

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NOTIVIDA, Año XX, Nº 1201, 30 de junio de 2020   

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viernes, 19 de junio de 2020

LOS ARGENTINOS POR NACER SON LA POBLACION DE MAYOR RIESGO

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NOTIVIDA, Año XX, Nº 1200, 19 de junio de 2020

LOS ARGENTINOS POR NACER SON LA POBLACION DE MAYOR RIESGO

El Ministerio de Salud de la Nación adquiere grandes cantidades de misoprostol “por urgencia” para distribuir en todo el país.

La pandemia del aborto.

Como informamos en el boletín anterior, el Gobierno de la ciudad de Buenos Aires a cargo de Horacio Rodríguez Larreta compró, en los últimos meses, más de 100.000 comprimidos de misoprostol al Laboratorio Domínguez con una inversión total de 26 millones de pesos.

En marzo, el Gobierno de la provincia de Buenos Aires que encabeza Axel Kicillof anunció que adquiriría misoprostol en el Laboratorio Industrial Farmacéutico Sociedad del Estado (FIL) de Santa Fe. El convenio suscripto entre el Ministerio de Salud de la provincia y el laboratorio santafecino para la compra de 80.000 comprimidos de misoprostol por un total de $15.080.000 ($188,50 la unidad) fue aprobado por Resolución ministerial nº 575 del 29 de abril.

Los abortivos que compra Nación

Por Resolución 6/2020 del 29 de abril de la Secretaría de Acceso a la Salud, el Gobierno nacional adquirió por “Contratación Directa por exclusividad”, 1.000 blísteres por doce (12) comprimidos, de misoprostol por un total de $ 2.814.840 ($234,57 la unidad), al Laboratorio Domínguez.

En los considerandos de la resolución que aprueba la contratación directa dice que la compra se hizo a pedido de la Dirección de Salud Sexual y Reproductiva que comunicó que “el producto requerido no cuenta con sustituto conveniente y que resulta imprescindible para la interrupción legal del embarazo (ILE)”. Y que “la ANMAT informó que el único certificado registrado de la especialidad medicinal solicitada pertenece a la firma LABORATORIO DOMINGUEZ S.A., quien a su vez, declara poseer el privilegio de venta y comercialización de la misma”.

El 9 de junio el Ministerio de Salud de la Nación que conduce Ginés González García abrió una nueva Contratación Directa “por urgencia” de 16.000 blísteres por doce (12) comprimidos, de misoprostol. Estas 192.000 unidades ($45 millones) estarían destinadas al programa Remediar que distribuye gratuitamente medicamentos en los centros de atención primaria de todo el país.

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miércoles, 17 de junio de 2020

LA CIUDAD DE BS.AS. COMPRO MAS DE 100.000 COMPRIMIDOS DE MISOPROSTOL

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NOTIVIDA, Año XX, Nº 1199, 17 de junio de 2020

LA CIUDAD DE BS.AS. COMPRÓ MÁS DE 100.000 COMPRIMIDOS DE MISOPROSTOL

Por Mónica del Río

Cuando Rodríguez Larreta intenta justificar el confinamiento obligatorio, al igual que Fernández afirma: "Nuestro criterio siempre es poner delante el cuidado de la gente", pero ni la crisis sanitaria detiene la compra masiva de abortivos. En los últimos meses el Gobierno porteño invirtió cerca de 26 millones de pesos en la compra de más de 100.000 comprimidos de misoprostol.

Recordemos que la tasa de natalidad de la Ciudad de Buenos Aires cae sistemáticamente desde el 2014, año en el que se comenzó a proveer misoprostol a los CeSACs, los centros de atención primaria de la salud que hoy practican el 84% de los abortos (Vid Notivida Nº 1198).

Los detalles de las compras

El 30 de septiembre de 2019 el Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires autorizó la compra de 16.200 unidades de misoprostol (200 µg en comprimido vaginal) al Laboratorio Domínguez (Orden de compra Nº 401-15694/2019). Cada comprimido se compró a $239 lo que arrojó un importe total de $3.871.800. En el marco de la misma licitación el 12 de diciembre la compra se amplió en un 50%, es decir se añadieron 8.100 unidades incrementando el gasto en $1.935.900.

Cinco días después se abrió una nueva licitación y el 21 de enero autorizaron la compra de otras 24.000 unidades al mismo laboratorio (Orden de compra Nº 401-0158/2020). Cada uno se compró a $299 y la inversión fue de $7.176.000.

El 21 de abril -en pleno confinamiento para “salvaguardar” la vida de los porteños- iniciaron otra licitación y el 19 de mayo el Gobierno le volvió a comprar misoprostol al Laboratorio Domínguez (Orden de compra Nº 401-5360/2020). Esta vez fueron 55.200 unidades a $234 cada una, esta compra fue de $12.948.264.

Síntesis, en poco más de 6 meses y con la “emergencia sanitaria” de por medio, el Gobierno de Rodríguez Larreta compró 103.500 comprimidos de misoprostol por un total de $25.931.964. 

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lunes, 8 de junio de 2020

ABORTO EN LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

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NOTIVIDA, Año XX, Nº 1198, 8 de junio de 2020

ABORTO EN LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

Funcionarios del gobierno porteño abogaron en la Legislatura para que la ciudad de Buenos Aires adhiera al protocolo de aborto del Ministerio de Salud de la Nación. ¿El Gobierno de la Ciudad le quiere dar un barniz de aparente legalidad a los 8.388 asesinatos que se llevaron a cabo el año pasado en los centros de salud porteños? ¿La norma es una concesión de Larreta a los futuros socios de un proyecto político propio?

Por Mónica del Río

La Comisión de Salud de la Legislatura porteña que encabeza María Patricia Vischi (Evolución Radical)  realizó hoy una reunión informativa para impulsar el proyecto de ley (expte. 3153/2019) por el cual la Ciudad adheriría al Protocolo de aborto implementado por la Resolución Nº 1/2019, del Ministerio de Salud de la Nación.

La iniciativa ingresó con las firmas de María Inés Gorbea (Evolución Radical), Sergio Abrevaya (GEN); la ex ministra de Salud de la Ciudad Ana María Bou Pérez (Vamos Juntos), Myriam Bregman (PTS-FIT), Roy Cortina (PS), Marta Martínez (AyL), Gabriel Solano (PO-FIT) y Laura Velasco (FdT). Tras su presentación, el expediente siguió cosechando adhesiones de todos los bloques, excepto de Consenso Federal que en la Legislatura porteña es un monobloque.

Durante la reunión de comisión expusieron dos funcionarios del Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires: Fabián Portnoy y Viviana Manzur ambos de la Coordinación de Salud Sexual, Sida, ITS.

Fabián Portnoy: Explicó que en marzo del 2016 se formó la Coordinación de Salud Sexual, Sida, ITS que encabeza y que ese equipo se creó con la fusión del Programa Coordinación Sida y el Programa de Salud Sexual y Reproductiva. Los ejes transversales de la nueva Coordinación son: 1) Acceso a los servicios, 2) Calidad de atención y 3) Desarrollo de la autonomía. Las líneas prioritarias de acción han sido: 1) Facilitar el acceso a los anticonceptivos, especialmente a los de larga duración (DIUs e Implantes), 2) Mejorar la respuesta a los pedidos de aborto y 3) Fortalecer el trabajo de las Redes. Mencionó que en el 2019 contaron con un método anticonceptivo entre 74.982 y 85.566 de las mujeres que sólo tienen acceso al sistema público de salud, lo que representa entre un 64% y un 73% de la población objetivo. En 2017 eran el 46% y en 2018 el 58%. 

Viviana Manzur: La respuesta en materia de aborto en la Ciudad se venía “desarrollando de manera muy artesanal a través de los que se denomina reducción de riesgos y daños”, “es decir cuando una mujer se acercaba al sistema de salud y contaba que no iba a continuar con el embarazo y esas situaciones se encuadraban dentro de lo que plantea el Código Penal en su art. 86 como causales, no había una respuesta clara desde el sistema de salud y lo que se hacía era dar información, acompañar el proceso y muchas veces hacer una atención post-aborto”. “Pero en el año 2012 hubo un hito muy importante que fue el fallo FAL, que planteó un antes y un después, y que le explicó al sistema político y a los sistemas de salud que había obligaciones respecto a los reclamos de las mujeres y un marco normativo que respetar”. “Dentro de las cosas que FAL plantea está la necesidad de dictar protocolos”. Comentó que, en ese marco, en octubre del 2014 se realizó la primera compra de misoprostol para el primer nivel de atención, hasta entonces sólo lo compraban los hospitales. En ese momento también se empezaron a registrar los abortos y desde entonces esa información se sistematiza en forma semestral.

Describió las distintas formas en que llegan las mujeres al sistema de salud para pedir un aborto: 1) porque conocen el sistema de salud que utilizan por otros motivos, 2) por el consejo de una amiga, 3) por la recomendación de organizaciones sociales que trabajan la temática y 4) por el 0800 de la Línea de Salud Sexual del Ministerio de Salud de la Nación que toma la consulta y la deriva a los diferentes distritos.

Hasta las 12 semanas de gestación completa se las atiende en los CeSAC o se hace un aborto ambulatorio en el Hospital, se usa el misoprostol provisto de manera centralizada por el Ministerio de Salud de Nación. A partir de las 13 semanas se resuelve en el hospital y si no encuadra en las causales del Código Penal se le brinda información y atención post-aborto. En cualquier caso, se provee “anticoncepción post evento obstétrico”. 

Al describir las “causales del Código Penal” por las que realizan los abortos mencionó que en los casos de violación no se exige denuncia, alcanza con la declaración jurada y enfatizó que esa causal no siempre es enunciada en la primera consulta porque “la violencia de género está naturalizada” y muchas veces surge en respuesta a las preguntas del equipo de salud. Con respecto al riesgo para la salud de la mujer aclaró que “el riesgo no es certeza, es una probabilidad de que el hecho ocurra” y que “no refiere sólo a la dimensión biológica sino también a la psicológica y social (salud integral)”. Destacó que el art. 20 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires habla de Salud Integral. “La práctica insegura es parte del riesgo que se corre cuando no se da acceso” al aborto. “El riesgo de morir en una práctica segura es de 0,2 a 2 por cada 100.000 procedimientos y el de una práctica insegura es de 100 a 1000 por cada 100.000”.

Mostró cómo fueron creciendo los servicios de aborto en la Ciudad. En 2014 los abortos se practicaban en 8 hospitales y un solo CeSAC, en 2019 en 16 hospitales y 44 CeSACs. Aclaró que en realidad 43 son CeSACs y el otro es el Centro asistencial Cecilia Grierson de Villa Lugano. Los 16 hospitales mencionados son: los once hospitales generales de la Ciudad que tienen maternidad, la Maternidad Sardá, los dos hospitales pediátricos (Gutiérrez y Elizalde) y dos hospitales que no tienen maternidad, pero hacen abortos (Tornú y Zubizarreta). Resaltó que en 2014 el 11% de las intervenciones se hacían en el primer nivel y en 2019 el 84% y que esta accesibilidad permite practicar abortos más tempranos.

De los abortos que se practicaron en hospitales el 19% se realizaron en el Piñero. Penna (18%), Santojanni (17%), Argerich (9%), Pirovano (8%) y Álvarez (7%). Esto, según Manzur, refleja que se llega con más fuerza a áreas geográficas con necesidades básicas insatisfechas.

Del mismo modo creció la cantidad de abortos en los últimos años: en el 2014 -cuando se comenzó a proveer de misoprostol a los centros de salud- se practicaron 91 (81 en los hospitales y 10 en el CeSAC) y en el 2019 un total de 8.388 (1.136 en hospitales y 7.052 en los CeSACs).

En cuanto a las edades de las mujeres que abortaron precisó que, en 2019, 58 abortos se practicaron en niñas menores de 14 años, 1.133 en adolescentes entre 15 y 19 años, 2.459 en jóvenes de 20 a 24 años, 2.133 en la franja etaria de 25 a 29 años; 1365 (30 a 34 años), 849 (35 a 39 años), 321 (40 a 44 años) y 18 en mayores de 45 años. Según Manzur la distribución por edad es muy similar a la de las mujeres que dan a luz. Destacó que el 86% de las mujeres que abortaron son adultas (más de 20 años) y el 14 % adolecentes.

La edad gestacional en la primera consulta es de menos de 13 semanas en el 92% de los casos. Los restantes abortos (8%) se practicaron entre la semana 13 y 24 de gestación.  Lo cual, según indicó, “es un indicador de un altísimo estándar a nivel internacional”.

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