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NOTIVIDA, Año XX, Nº 1194, 28 de abril de 2020
VIOLENCIA CONTRA LA MUJER
Reunión informativa de la Comisión de Mujeres de Diputados
Subieron las consultas por “violencia de género”, pero bajaron las denuncias. Fuerte cuestionamiento por la liberación de presos con antecedentes de violencia contra la mujer. El número de femicidios se mantiene estable a lo largo de los años.
La flamante comisión de Mujeres y Diversidad, que preside la diputada Mónica Macha (FdT, BsAs) se reunió virtualmente ayer con Elizabeth Gómez Alcorta, “Ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad”.
Al inicio de la reunión, Gómez Alcorta describió las medidas que el Ministerio que encabeza está llevando a cabo durante esta crisis.
Destacó que las consultas a la Línea 144 aumentaron un 40% en relación al mes previo a la emergencia, enfatizando que es una línea de consultas, no de denuncias y que las últimas no se incrementaron, por el contrario “bajaron en todo el país”. “El promedio de esas consultas anónimas es de 334 diarias. El 97% de esas llamadas -que en total son 10.351- fueron por violencia doméstica y la casi totalidad de las consultas estaban vinculadas a violencia psicológica. Un 73% se refería a violencia física y un 35% a violencia económica”. “Por otro lado en el 48% de las consultas el agresor es una expareja y en el 44% la actual pareja”. Añadió que en ese marco se incorporaron 20 operadores a la línea y se lanzaron campañas publicitarias en la televisión y en los medios de transporte.
Recordó que han dictado una Resolución para que se pueda salir a denunciar “violencia de género” porque es un caso de “fuerza mayor”.
“Pensamos que es correcto disminuir las poblaciones carcelarias en el marco de la emergencia de acuerdo a muchas recomendaciones internacionales de organismos de derechos humanos –manifestó Gómez Alcorta- pero llamamos la atención para que en estas medidas -que se toman en clave de política criminal- se tuviera especialmente en cuenta a aquellas personas procesadas por delitos de “violencia de género” o delitos contra la integridad sexual. En esos casos pedimos que, de resolverse favorablemente, se tomaran los recaudos para la seguridad de las víctimas. En cuanto al acceso a la justicia en el marco de la emergencia las más de las provincias ya implementaron mecanismos para que se puedan hacer denuncias virtuales”.
En el momento de las consultas muchas de las diputadas presentes hicieron hincapié en las domiciliarias otorgadas a personas detenidas por “violencia de género”. Y pidieron mayores detalles.
Así por ejemplo Ingrid Jetter (PRO, Ctes.) destacó que el juez de casación bonaerense Victor Violini -que participa de la mesa de diálogo con los detenidos junto a otros funcionarios del Ministerio de Justicia en la provincia de Buenos Aires- le otorgó recientemente la prisión domiciliaria a 2.300 presos. “Un violador quedó libre y fue a vivir a una casa que queda a pasos de la casa de su víctima en Bernal, otro violador liberado -considerado formalmente en el grupo de riesgo porque tiene más de 60 años- es un abuelo que había violado a su nieta y volvió a vivir a la casa donde vive esa nieta ¿Quién está más seguro la víctima o el preso que salió por el coronavirus?” Dijo que esta situación fue alertada por muchos jueces, uno de ellos la jueza Julia Márquez que en nota al presidente de la Corte bonaerense dio el ejemplo de un condenado por lesiones agravadas a su pareja en un caso de “violencia de género”, que fue liberado en pocas horas sin verificar a dónde iba a vivir y sin estar en ningún grupo de riesgo”.
Ma Rosa Martínez (FdT, BsAs) preguntó qué proyectos son prioritarios en el marco de la emergencia y anticipó que están trabajando en la ley cupo laboral trans.
Romina Del Plá (PO, BsAs) expresó que se incrementaron las denuncias pero que no hay en paralelo una acción efectiva de protección de parte del Gobierno.
Gabriela Estévez (FdT, Cba.) preguntó si esta nueva actitud de tratar de separar al agresor del contexto familiar y permitirle a la mujer quedarse en su casa junto con sus “hijes” podría incorporarse a la Guía de recomendaciones que el Ministerio envía los gobiernos provinciales y municipales.
Sofía Brambilla (PRO, Ctes.): quiso saber si el personal que atiende la Línea 144 se incrementó en forma proporcional al aumento de las llamadas y solicitó un mapeo de violencia por provincias.
Claudia Najul (UCR, Mza.): pidió conocer los reclamos de las mujeres que llaman a Línea 144 y expresó su preocupación por las domiciliarias otorgadas a los detenidos por “violencia de género”. “¿Hay aumento de embarazo adolescente?” “¿Se está accediendo a los anticonceptivos?”
Mara Brawer (FdT, Ciudad de BsAs): consultó sobre las denuncias por violencia hacia niños y niñas.
Enrique Estévez (PS, Sta.Fe): manifestó particular preocupación por la situación económica de las madres solteras que son sostén de hogar y tienen trabajos informales, por la población LGBT -en particular las personas trans- y por los trabajadores sexuales que tampoco pudieron ingresar al IFE. Preguntó si está previsto un protocolo único a nivel nacional para abordar las situaciones de violencia en el marco de este aislamiento social obligatorio.
Adriana Cáceres (PRO, BsAs): recordó que varios diputados de su Interbloque presentaron un proyecto para crear un “comité de crisis con perspectiva de género” y le consultó a la Ministra si van a contar con su apoyo.
Lucila Masin (FdT, Chaco): comunicó su inquietud por la atención de mujeres con discapacidad –particularmente la de las mujeres sordas- y mujeres indígenas. Preguntó si hay posibilidad de articular un Comité nacional para las personas LGBT.
Gabriela Lena (UCR, E.Ríos): demandó que la Resolución del Ministerio de las Mujeres que autoriza a salir para hacer la denuncia por violencia de género no le permite a la mujer ir acompañada. Y preguntó si el Ministerio está articulando medidas con el Pan ENIA, de reducción del embarazo adolescente.
Flavia Morales (Frente de la Concordia Misionero): destacó lo que le cuesta a la víctima llegar a hacer la denuncia y preguntó si hay posibilidad en las actuales circunstancias de reformar la ley penal o procesal penal para darle mayor protección a las mujeres. Propuso un rigorismo en cuanto a los certificados psicológicos y psiquiátricos a los agresores para que no puedan otorgarle la libertad a los presos sin esos certificados.
Jimena López (FdT, BsAs): preguntó en qué consiste el programa “cuarentena con derechos” y cómo se pueden generar mejores condiciones para que los empleadores cumplan con sus obligaciones para con las empleadas domésticas.
A la hora de dar respuestas, Gómez Alcorta remarcó que las consultas por violencia de género aumentaron (40%), no así las denuncias, que anejan la intervención de la policía o el poder judicial.
Destacó que el único registro de información nacional y oficial de femicidios es el de la CSJN. El problema de este registro, dijo Gómez Alcorta, es que da datos a año vencido y añadió que lo que indican esas cifras es que es un fenómeno persistente que se mantiene, “son guarismos similares a lo largo de los años”. Afirmó que los datos de los observatorios indican que el número de femicidios en el marco de la pandemia es parecido a los del año pasado para la misma época.
Sobre la tan criticada liberación masiva de presos, que el presidente avaló, replicó que: “No hay un plan del Ejecutivo para la liberación masiva de presos”. “Sí hay una clara de decisión de los poderes judiciales, que son los dan la libertad y la preocupación que manifestaron varias diputadas es también la nuestra”. “En particular en la provincia de Buenos Aires puedo afirmar -porque nos hicieron llegar el dictamen- que la subsecretaría de política criminal de esa provincia le pidió encarecidamente al procurador general que no libere a nadie condenado por delitos contra la integridad sexual”.
En relación al embarazo adolescente comentó que no se puede medir en tan corto plazo pero que en materia de anticonceptivos la Dirección de Salud Reproductiva del Ministerio de Salud le aseguró que hay anticonceptivos suficientes para toda la pandemia. Y aclaró que la línea 144 deriva las consultas sobre niñas y adolescentes a la Línea 102.
Explicó que hay una subsecretaría de Estado de la Diversidad y que están trabajando en un programa de “ampliación de derechos para personas trasn” que incluye el cupo laboral trans y la protección en casos la violencia institucional.
Con respecto a la ley de ESI relató que están articulando acciones con el Ministerio de Educación. Informó que ahora Educación entrega cuadernillos con el título “Seguimos educando” para niños desde los tres años hasta el final del secundario -que complementa con una enorme cantidad de horas en televisión y radio- que incluyen transversalmente contenidos de ESI. Pero que vienen trabajando con ese Ministerio para sacar un módulo específico de ESI.
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NOTIVIDA, Año XX, Nº 1194, 28 de abril de 2020
Editora: Lic. Mónica del Río
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