ABORTO EN LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

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NOTIVIDA, Año XX, Nº 1198, 8 de junio de 2020

ABORTO EN LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

Funcionarios del gobierno porteño abogaron en la Legislatura para que la ciudad de Buenos Aires adhiera al protocolo de aborto del Ministerio de Salud de la Nación. ¿El Gobierno de la Ciudad le quiere dar un barniz de aparente legalidad a los 8.388 asesinatos que se llevaron a cabo el año pasado en los centros de salud porteños? ¿La norma es una concesión de Larreta a los futuros socios de un proyecto político propio?

Por Mónica del Río

La Comisión de Salud de la Legislatura porteña que encabeza María Patricia Vischi (Evolución Radical)  realizó hoy una reunión informativa para impulsar el proyecto de ley (expte. 3153/2019) por el cual la Ciudad adheriría al Protocolo de aborto implementado por la Resolución Nº 1/2019, del Ministerio de Salud de la Nación.

La iniciativa ingresó con las firmas de María Inés Gorbea (Evolución Radical), Sergio Abrevaya (GEN); la ex ministra de Salud de la Ciudad Ana María Bou Pérez (Vamos Juntos), Myriam Bregman (PTS-FIT), Roy Cortina (PS), Marta Martínez (AyL), Gabriel Solano (PO-FIT) y Laura Velasco (FdT). Tras su presentación, el expediente siguió cosechando adhesiones de todos los bloques, excepto de Consenso Federal que en la Legislatura porteña es un monobloque.

Durante la reunión de comisión expusieron dos funcionarios del Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires: Fabián Portnoy y Viviana Manzur ambos de la Coordinación de Salud Sexual, Sida, ITS.

Fabián Portnoy: Explicó que en marzo del 2016 se formó la Coordinación de Salud Sexual, Sida, ITS que encabeza y que ese equipo se creó con la fusión del Programa Coordinación Sida y el Programa de Salud Sexual y Reproductiva. Los ejes transversales de la nueva Coordinación son: 1) Acceso a los servicios, 2) Calidad de atención y 3) Desarrollo de la autonomía. Las líneas prioritarias de acción han sido: 1) Facilitar el acceso a los anticonceptivos, especialmente a los de larga duración (DIUs e Implantes), 2) Mejorar la respuesta a los pedidos de aborto y 3) Fortalecer el trabajo de las Redes. Mencionó que en el 2019 contaron con un método anticonceptivo entre 74.982 y 85.566 de las mujeres que sólo tienen acceso al sistema público de salud, lo que representa entre un 64% y un 73% de la población objetivo. En 2017 eran el 46% y en 2018 el 58%. 

Viviana Manzur: La respuesta en materia de aborto en la Ciudad se venía “desarrollando de manera muy artesanal a través de los que se denomina reducción de riesgos y daños”, “es decir cuando una mujer se acercaba al sistema de salud y contaba que no iba a continuar con el embarazo y esas situaciones se encuadraban dentro de lo que plantea el Código Penal en su art. 86 como causales, no había una respuesta clara desde el sistema de salud y lo que se hacía era dar información, acompañar el proceso y muchas veces hacer una atención post-aborto”. “Pero en el año 2012 hubo un hito muy importante que fue el fallo FAL, que planteó un antes y un después, y que le explicó al sistema político y a los sistemas de salud que había obligaciones respecto a los reclamos de las mujeres y un marco normativo que respetar”. “Dentro de las cosas que FAL plantea está la necesidad de dictar protocolos”. Comentó que, en ese marco, en octubre del 2014 se realizó la primera compra de misoprostol para el primer nivel de atención, hasta entonces sólo lo compraban los hospitales. En ese momento también se empezaron a registrar los abortos y desde entonces esa información se sistematiza en forma semestral.

Describió las distintas formas en que llegan las mujeres al sistema de salud para pedir un aborto: 1) porque conocen el sistema de salud que utilizan por otros motivos, 2) por el consejo de una amiga, 3) por la recomendación de organizaciones sociales que trabajan la temática y 4) por el 0800 de la Línea de Salud Sexual del Ministerio de Salud de la Nación que toma la consulta y la deriva a los diferentes distritos.

Hasta las 12 semanas de gestación completa se las atiende en los CeSAC o se hace un aborto ambulatorio en el Hospital, se usa el misoprostol provisto de manera centralizada por el Ministerio de Salud de Nación. A partir de las 13 semanas se resuelve en el hospital y si no encuadra en las causales del Código Penal se le brinda información y atención post-aborto. En cualquier caso, se provee “anticoncepción post evento obstétrico”. 

Al describir las “causales del Código Penal” por las que realizan los abortos mencionó que en los casos de violación no se exige denuncia, alcanza con la declaración jurada y enfatizó que esa causal no siempre es enunciada en la primera consulta porque “la violencia de género está naturalizada” y muchas veces surge en respuesta a las preguntas del equipo de salud. Con respecto al riesgo para la salud de la mujer aclaró que “el riesgo no es certeza, es una probabilidad de que el hecho ocurra” y que “no refiere sólo a la dimensión biológica sino también a la psicológica y social (salud integral)”. Destacó que el art. 20 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires habla de Salud Integral. “La práctica insegura es parte del riesgo que se corre cuando no se da acceso” al aborto. “El riesgo de morir en una práctica segura es de 0,2 a 2 por cada 100.000 procedimientos y el de una práctica insegura es de 100 a 1000 por cada 100.000”.

Mostró cómo fueron creciendo los servicios de aborto en la Ciudad. En 2014 los abortos se practicaban en 8 hospitales y un solo CeSAC, en 2019 en 16 hospitales y 44 CeSACs. Aclaró que en realidad 43 son CeSACs y el otro es el Centro asistencial Cecilia Grierson de Villa Lugano. Los 16 hospitales mencionados son: los once hospitales generales de la Ciudad que tienen maternidad, la Maternidad Sardá, los dos hospitales pediátricos (Gutiérrez y Elizalde) y dos hospitales que no tienen maternidad, pero hacen abortos (Tornú y Zubizarreta). Resaltó que en 2014 el 11% de las intervenciones se hacían en el primer nivel y en 2019 el 84% y que esta accesibilidad permite practicar abortos más tempranos.

De los abortos que se practicaron en hospitales el 19% se realizaron en el Piñero. Penna (18%), Santojanni (17%), Argerich (9%), Pirovano (8%) y Álvarez (7%). Esto, según Manzur, refleja que se llega con más fuerza a áreas geográficas con necesidades básicas insatisfechas.

Del mismo modo creció la cantidad de abortos en los últimos años: en el 2014 -cuando se comenzó a proveer de misoprostol a los centros de salud- se practicaron 91 (81 en los hospitales y 10 en el CeSAC) y en el 2019 un total de 8.388 (1.136 en hospitales y 7.052 en los CeSACs).

En cuanto a las edades de las mujeres que abortaron precisó que, en 2019, 58 abortos se practicaron en niñas menores de 14 años, 1.133 en adolescentes entre 15 y 19 años, 2.459 en jóvenes de 20 a 24 años, 2.133 en la franja etaria de 25 a 29 años; 1365 (30 a 34 años), 849 (35 a 39 años), 321 (40 a 44 años) y 18 en mayores de 45 años. Según Manzur la distribución por edad es muy similar a la de las mujeres que dan a luz. Destacó que el 86% de las mujeres que abortaron son adultas (más de 20 años) y el 14 % adolecentes.

La edad gestacional en la primera consulta es de menos de 13 semanas en el 92% de los casos. Los restantes abortos (8%) se practicaron entre la semana 13 y 24 de gestación.  Lo cual, según indicó, “es un indicador de un altísimo estándar a nivel internacional”.

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JUJUY ADHIRIO A LA LEY DE IDENTIDAD DE GENERO

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NOTIVIDA, Año XX, Nº 1197, 29 de mayo de 2020

JUJUY ADHIRIÓ A LA LEY DE IDENTIDAD DE GÉNERO

Durante el confinamiento avanzan las leyes vinculadas a la ideología de género en diferentes ámbitos legislativos. La de la “diversidad” es una bandera que hoy disputan varios partidos políticos.

La Legislatura de Jujuy aprobó ayer a mano alzada la adhesión de la provincia a la Ley Nacional de Identidad de Género. Dice entre otras cosas el proyecto remitido por el Gobernador Gerardo Morales a la Legislatura y sancionado ayer como Ley provincial Nº 6.178:

“Se consagra el derecho humano fundamental de toda persona al reconocimiento de su identidad de género, a ser tratada de acuerdo a su autopercepción y libre desarrollo conforme esa identidad y, en particular, a ser identificada de ese modo en los instrumentos que acreditan su identidad, como cualquier otro documento de ámbitos públicos o privados”.

“Se trata de garantizar mecanismos necesarios para la operatividad de los Artículos 11 y 12 de la Ley, que aluden al derecho a la educación, trabajo, salud en referencia a los tratamientos hormonales, farmacológicos, quirúrgicos, atención psicológica, etc”

El debate

Gabriela Albornoz (UCR): enfatizó que “la identidad de género” es un derecho humano fundamental y que “desde la sanción de la Ley Nacional en el año 2012 en Jujuy se hicieron 338 cambios de género exclusivamente de jujeños”. “Esta es una de las pocas provincias que hizo el cambio de género no binario, que es cuando una persona no se autopercibe ni masculino ni femenino”. “Desde el Gobierno provincial nos parece sumamente importante poder garantizar la restitución y promoción de los derechos a todos los individuos a través de políticas públicas concretas como: el Centro de Atención Integral a la Diversidad del Concejo Provincial de la Mujer e Igualdad de Género”, los consultorios de atención integral en salud a la diversidad y el equipo multidisciplinario para el acompañamiento de las niñeces y adolescencias trans del Ministerio de Salud provincial”.

Leila Chaer (PJ): mencionó que en las escalinatas de la Legislatura estaba el colectivo LGBT esperando esta adhesión, necesaria para construir una “sociedad más justa e igualitaria”. Resaltó que la Ley nacional nació en un “período de fuerte inclusión social y promoción de los derechos” junto con la Ley de “matrimonio igualitario y que “la provincia tardó 8 años en adherir”.

Natalia Morales (PTS): con un cartel en la banca que reclamaba el “cupo laboral trans” la diputada de “Pan y Rosas” afirmó que a esta ley “la conquistaron en las calles las organizaciones de la disidencia, no la regaló ningún gobierno”. Aseguró que desde 2012 hay casi 10.000 personas que accedieron a los cambios previstos en la Ley y que según el ReNaPer (Registro Nacional de las Personas) 94 son menores de 18 años. Cargó contra la Iglesia “que impone preceptos binarios”.

Jorge Nasif que pertenece a un monobloque dijo que “hay un grupo humano que durante muchos años ha vivido oculto” y apeló “al respeto y la tolerancia de los que no son iguales”.

Mariela Ortiz (Primero Jujuy): “Cuando aprobamos leyes que amplían derechos, que visibilizan a sectores históricamente discriminados, vulnerados y excluidos; estamos reivindicando a la política”. “En Argentina tenemos una admirable Ley de Identidad de Género que nos ha puesto a la vanguardia en el mundo porque despatologiza a las personas trans”. Habló de su militancia junto a la comunidad LGBT.

Orieta Juárez (PJ): Reivindicó la lucha de los colectivos LGBT y dijo que “la discriminación no está en cuarentena”, que en los operativos policiales los trasn no siempre son tratados por personal femenino. “Esto no es sólo la lucha de una comunidad sino una apertura de mente de diferentes sectores que gobiernan y una gran conquista del peronismo para abrirle la puerta a los que eternamente han sido discriminados”.

Pedro Belizán (PJ): “Hoy por la pandemia se habla de responsabilidad social y nosotros la tenemos que tener con este colectivo”. “La Ley está vigente, pero sigue habiendo discriminación y falta de respeto”. “Somos pioneros con la Ley, pero no sé si también lo somos con los prejuicios”.

Otras adhesiones provinciales a la Ley de “Identidad de género”

La Rioja

Ley Nº 9.234 sancionada el 5/7/2012

Santa Cruz

LEY Nº 3298. sancionada el 25/10/2012

Mendoza

LEY Nº 8.714. sancionada el 19/8/2014

Misiones

LEY II – Nº. 32. sancionada el 12/10/2017

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NOTIVIDA, Año XX, Nº 1197, 29 de mayo de 2020   

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EL TOTALISMO DE GÉNERO NO ESTÁ CONFINADO

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NOTIVIDA, Año XX, Nº 1196, 26 de mayo de 2020

EL TOTALISMO DE GÉNERO NO ESTÁ CONFINADO

PREPARA LEYES PARA LA POST-PANDEMIA

Por Mónica del Río

El 15 de mayo entró en el Senado un proyecto de ley (S-0939/2020) de la puntana María Eugenia Catalfamo que intenta modificar la Ley Nº 23.592, Antidiscriminatoria, para incluir la no discriminación por “orientación sexual o identidad de género”. A pesar de la cuarentena el expediente recogió en la última semana la adhesión virtual de varios senadores oficialistas: Inés Blas (Catamarca), Matías Rodríguez (T.del Fuego), Anabel Fernández Sagasti (Mendoza), Roberto Mirabella (Sta.Fe) y María Inés Pilatti Vergara (Chaco).

El proyecto añade la modificación del Código Penal para agravar las penas de los delitos cometidos en el marco de esos pretextos discriminatorios.

El Plan Nacional contra la Discriminación que el presidente Néstor Kirchner aprobó con el Decreto 1086 del 2005 plasmó de algún modo el Plan del kirchnerismo en materia de Familia y Vida.

Muchos de los puntos de ese Plan estaban ligados a la promoción del estilo de vida homosexual y, en general, ya los consiguieron, sólo uno quedó pendiente, el que el lobby gay considera fundamental y puso en primer lugar, incluir en la Ley Antidiscriminatoria la no discriminación por orientación sexual e identidad de género.

Como los mismos activistas remarcan, Argentina ha hecho un camino distinto al de otros países en la consecución de esos objetivos. Lo usual es que primero consigan incorporar la no discriminación por género u orientación sexual y que de allí se desgaje todo lo demás, pero en nuestro país ya lograron “matrimonio igualitario”, “identidad de género” y un largo etcétera al que le añadieron la semana pasada la adhesión de la provincia de Tucumán a la Ley Micaela que obliga a capacitarse en género a los miembros de los tres poderes del Estado. La norma rige ahora en todas las provincias.

Aun así, todavía hay docentes que enseñan que la unión de personas del mismo sexo no es un matrimonio, aunque el Ministerio de Educación -so pretexto de la cuarentena- imprima y distribuya los cuadernillos del programa “Seguimos Educando” en las 24 jurisdicciones educativas del país. Hay padres de familia que intentan seguir educando en el pudor, aunque el Ministerio de Salud recomiende reemplazar el sexo ocasional con el consumo de pornografía y la masturbación, para mantener el distanciamiento social.

A la policía del pensamiento único sólo le falta una herramienta de persecución que amedrente y castigue a los que osan disentir. Una ley que les permita -como advertimos desde hace más de 15 años- penalizar, incluso, la enseñanza del catecismo (Vid Notivida 194). Recordemos que más de un obispo argentino ha tenido que explicar ante el INADI que las expresiones por las que lo habían denunciado “no eran otra cosa que la divulgación de la doctrina de la Iglesia Católica”.

Dice Catalfamo en los fundamentos de su proyecto:

“Cuando la Federación Argentina LGBT (FALGBT) lanzó la campaña por el matrimonio igualitario lo que se puso sobre la mesa no era, apenas, una disputa por el derecho a casarse, sino la oportunidad de producir un cambio radical en la percepción social sobre la homosexualidad y otras diversidades de índole sexual; un cambio cultural que también transformaría, como consecuencia, las relaciones sociales…” .

“Tal es así, que dos años después se sancionó la ley 26743 garantizando el derecho a la igualdad de género. Fue tal la batalla cultural que, finalmente, se obtuvo como resultado que el mundo pudiera ver la imagen de la entonces presidenta, Dra. Cristina Fernández de Kirchner, entregando a un grupo de travestis y transexuales sus nuevos documentos de identidad en la Casa de Gobierno de la Nación y pidiendo perdón en nombre del Estado Argentino”.

“En ese mismo orden de ideas, el pasado 4 marzo del corriente año, el presidente de la Nación, Dr. Alberto A. Fernández, encabezó un acto de apertura por la Semana de la Mujer Trabajadora en el Centro Cultural Kirchner y en su alocución expresó”:

“¡Qué locura esta sociedad! Hacerle padecer a la gente del género que es. ¿Por qué hicimos padecer ese daño a tanta gente? Por qué pensar que hay solo dos géneros definidos si la realidad dice otra cosa”.

“¡Qué sociedad tan injusta que fuimos! Porque a cuántas, cuántos y cuántes hicimos padecer inútilmente…Eso es lo que no nos debemos perdonar.”

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HCDN:PRUEBA FALLIDA DE SESIÓN VIRTUAL Y ADOCTRINAMIENTO EN GENERO

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NOTIVIDA, Año XX, Nº 1195, 7 de mayo de 2020

Cámara de Diputados de la Nación

PRUEBA FALLIDA DE SESIÓN VIRTUAL Y ADOCTRINAMIENTO EN GENERO

La ministra de las Mujeres y la presidente del CONICET adoctrinaron en género a los diputados nacionales. Discursos ideologizados y el viejo truco de inflar las cifras. “El 38,3% de las mujeres que mueren en el mundo lo hacen a causa de la violencia de género” (sic).

Por Mónica del Río

Diputados hizo ayer un simulacro de sesión virtual, que contó con 46 diputados en el recinto y unos 150 conectados en forma remota.

Para probar el sistema se le brindó a los legisladores una “capacitación en género” que tuvieron a cargo la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta y la presidenta del CONICET, Ana María Franchi que expuso por videoconferencia.

Al término se intentó una prueba fallida de votación que obligó a posponer para el sábado la sesión prevista para hoy.

La capacitación en género

Ana María Franchi, presidente del CONICET, es una doctora en química abortista que -tal como mostró en su exposición durante el debate de aborto- utiliza cifras abultadas para impresionar a la audiencia. 

Al inicio habló del patriarcado “un sistema que produce y reproduce relaciones de poder asimétricas”. Después mostró una infografía de Amnistía Internacional que representa el “iceberg de la violencia de género”.

Ofreció algunas cifras de violencia contra las mujeres extraídas de ONU Mujeres y añadió otras que sorprenden al más desavisado, por ejemplo:

           (sic)

Se nos escapan datos fehacientes a nivel mundial, pero tengamos en cuenta que -según las últimas cifras oficiales- en el 2018 murieron en Argentina 162.408 mujeres y que el número de femicidios para ese mismo año fue de 273, es decir el 0,16% de las mujeres que mueren en el país “lo hacen a causa de la violencia de género”. Dicho de otro modo, para representar el 38,3% de las muertes de mujeres, los femicidios en Argentina deberían ser 61.715, lo que los ubicaría muy por encima de cualquier causa de muerte incluidas las enfermedades del corazón (34.398) y los tumores (29.118). A la “científica” se le fue la mano.

Elizabeth Gómez Alcorta, dijo que el patriarcado existe desde hace unos 6.000 años y que hay “un paradigma hetero-cis normativo”. “Es importante hablar de todes porque lo que no se nombra se invisibiliza”.

Recordó que en el año 1926 sólo había varones en el Congreso y que en ese momento se votó la primera ley que le dio derechos civiles a las mujeres.

Aseguró que a partir de los 70 los organismos internacionales pusieron en la agenda los derechos de las mujeres y que a partir de 1979 con la aprobación de la CEDAW (Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer) se abrió un largo recorrido de reconocimiento de esos derechos. Mencionó también a la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, conocida como Convención de Belém do Pará, de 1994, como el único instrumento internacional referido a la violencia hacia la mujer. Hizo una enumeración de las principales leyes nacionales vinculadas a la temática: Ley 26.150 de Educación Sexual Integral, Ley 26.485 de prevención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres, Ley 26.618 de “matrimonio igualitario”, Ley 26.743 de Identidad de género, la reforma del Código Penal para incluir la figura de femicidio, el Código Civil aprobado en el 2014 que “incorporó nuevos tipos de familia”, la Ley Brisa (reparación económica para los hijos de progenitores víctimas de violencia de género) y la Ley Micaela que obligó a capacitarse en género a los tres poderes del Estado. Gómez Alcorta informó que esa capacitación ya la han hecho el presidente de la Nación y todos los integrantes del gabinete ampliado.

Al final de la exposición manifestó su deseo de que esa Cámara no se llame más de Diputados nombre que, según ella, arrastra desde la época en que sólo había varones en el Cuerpo.

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NOTIVIDA, Año XX, Nº 1195, 7 de Mayo de 2020   

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REUNIÓN INFORMATIVA DE LA COMISIÓN DE MUJERES DE DIPUTADOS

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NOTIVIDA, Año XX, Nº 1194, 28 de abril de 2020

VIOLENCIA CONTRA LA MUJER

Reunión informativa de la Comisión de Mujeres de Diputados

Subieron las consultas por “violencia de género”, pero bajaron las denuncias. Fuerte cuestionamiento por la liberación de presos con antecedentes de violencia contra la mujer. El número de femicidios se mantiene estable a lo largo de los años.

La flamante comisión de Mujeres y Diversidad, que preside la diputada Mónica Macha (FdT, BsAs) se reunió virtualmente ayer con Elizabeth Gómez Alcorta, “Ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad”.

Al inicio de la reunión, Gómez Alcorta describió las medidas que el Ministerio que encabeza está llevando a cabo durante esta crisis.

Destacó que las consultas a la Línea 144 aumentaron un 40% en relación al mes previo a la emergencia, enfatizando que es una línea de consultas, no de denuncias y que las últimas no se incrementaron, por el contrario “bajaron en todo el país”. “El promedio de esas consultas anónimas es de 334 diarias. El 97% de esas llamadas -que en total son 10.351- fueron por violencia doméstica y la casi totalidad de las consultas estaban vinculadas a violencia psicológica. Un 73% se refería a violencia física y un 35% a violencia económica”. “Por otro lado en el 48% de las consultas el agresor es una expareja y en el 44% la actual pareja”. Añadió que en ese marco se incorporaron 20 operadores a la línea y se lanzaron campañas publicitarias en la televisión y en los medios de transporte. 

Recordó que han dictado una Resolución para que se pueda salir a denunciar “violencia de género” porque es un caso de “fuerza mayor”.

“Pensamos que es correcto disminuir las poblaciones carcelarias en el marco de la emergencia de acuerdo a muchas recomendaciones internacionales de organismos de derechos humanos –manifestó Gómez Alcorta- pero llamamos la atención para que en estas medidas -que se toman en clave de política criminal- se tuviera especialmente en cuenta a aquellas personas procesadas por delitos de “violencia de género” o delitos contra la integridad sexual. En esos casos pedimos que, de resolverse favorablemente, se tomaran los recaudos para la seguridad de las víctimas. En cuanto al acceso a la justicia en el marco de la emergencia las más de las provincias ya implementaron mecanismos para que se puedan hacer denuncias virtuales”.

En el momento de las consultas muchas de las diputadas presentes hicieron hincapié en las domiciliarias otorgadas a personas detenidas por “violencia de género”. Y pidieron mayores detalles.

Así por ejemplo Ingrid Jetter (PRO, Ctes.) destacó que el juez de casación bonaerense  Victor Violini -que participa de la mesa de diálogo con los detenidos junto a otros funcionarios del Ministerio de Justicia en la provincia de Buenos Aires- le otorgó recientemente la prisión domiciliaria a 2.300 presos. “Un violador quedó libre y fue a vivir a una casa que queda a pasos de la casa de su víctima en Bernal, otro violador liberado -considerado formalmente en el grupo de riesgo porque tiene más de 60 años- es un abuelo que había violado a su nieta y volvió a vivir a la casa donde vive esa nieta ¿Quién está más seguro la víctima o el preso que salió por el coronavirus?” Dijo que esta situación fue alertada por muchos jueces, uno de ellos la jueza Julia Márquez que en nota al presidente de la Corte bonaerense dio el ejemplo de un condenado por lesiones agravadas a su pareja en un caso de “violencia de género”, que fue liberado en pocas horas sin verificar a dónde iba a vivir y sin estar en ningún grupo de riesgo”.

Ma Rosa Martínez (FdT, BsAs) preguntó qué proyectos son prioritarios en el marco de la emergencia y anticipó que están trabajando en la ley cupo laboral trans.

Romina Del Plá (PO, BsAs) expresó que se incrementaron las denuncias pero que no hay en paralelo una acción efectiva de protección de parte del Gobierno.

Gabriela Estévez (FdT, Cba.) preguntó si esta nueva actitud de tratar de separar al agresor del contexto familiar y permitirle a la mujer quedarse en su casa junto con sus “hijes” podría incorporarse a la Guía de recomendaciones que el Ministerio envía los gobiernos provinciales y municipales.

Sofía Brambilla (PRO, Ctes.): quiso saber si el personal que atiende la Línea 144 se incrementó en forma proporcional al aumento de las llamadas y solicitó un mapeo de violencia por provincias.

Claudia Najul (UCR, Mza.): pidió conocer los reclamos de las mujeres que llaman a Línea 144 y expresó su preocupación por las domiciliarias otorgadas a los detenidos por “violencia de género”. “¿Hay aumento de embarazo adolescente?” “¿Se está accediendo a los anticonceptivos?”

Mara Brawer (FdT, Ciudad de BsAs): consultó sobre las denuncias por violencia hacia niños y niñas. 

Enrique Estévez (PS, Sta.Fe): manifestó particular preocupación por la situación económica de las madres solteras que son sostén de hogar y tienen trabajos informales, por la población LGBT -en particular las personas trans- y por los trabajadores sexuales que tampoco pudieron ingresar al IFE. Preguntó si está previsto un protocolo único a nivel nacional para abordar las situaciones de violencia en el marco de este aislamiento social obligatorio.

Adriana Cáceres (PRO, BsAs): recordó que varios diputados de su Interbloque presentaron un proyecto para crear un “comité de crisis con perspectiva de género” y le consultó a la Ministra si van a contar con su apoyo.

Lucila Masin (FdT, Chaco): comunicó su inquietud por la atención de mujeres con discapacidad –particularmente la de las mujeres sordas- y mujeres indígenas. Preguntó si hay posibilidad de articular un Comité nacional para las personas LGBT.

Gabriela Lena (UCR, E.Ríos): demandó que la Resolución del Ministerio de las Mujeres que autoriza a salir para hacer la denuncia por violencia de género no le permite a la mujer ir acompañada. Y preguntó si el Ministerio está articulando medidas con el Pan ENIA, de reducción del embarazo adolescente.

Flavia Morales (Frente de la Concordia Misionero): destacó lo que le cuesta a la víctima llegar a hacer la denuncia y preguntó si hay posibilidad en las actuales circunstancias de reformar la ley penal o procesal penal para darle mayor protección a las mujeres. Propuso un rigorismo en cuanto a los certificados psicológicos y psiquiátricos a los agresores para que no puedan otorgarle la libertad a los presos sin esos certificados.

Jimena López (FdT, BsAs): preguntó en qué consiste el programa “cuarentena con derechos” y cómo se pueden generar mejores condiciones para que los empleadores cumplan con sus obligaciones para con las empleadas domésticas.

A la hora de dar respuestas, Gómez Alcorta remarcó que las consultas por violencia de género aumentaron (40%), no así las denuncias, que anejan la intervención de la policía o el poder judicial.

Destacó que el único registro de información nacional y oficial de femicidios es el de la CSJN. El problema de este registro, dijo Gómez Alcorta, es que da datos a año vencido y añadió que lo que indican esas cifras es que es un fenómeno persistente que se mantiene, “son guarismos similares a lo largo de los años”. Afirmó que los datos de los observatorios indican que el número de femicidios en el marco de la pandemia es parecido a los del año pasado para la misma época.

Sobre la tan criticada liberación masiva de presos, que el presidente avaló, replicó que: “No hay un plan del Ejecutivo para la liberación masiva de presos”. “Sí hay una clara de decisión de los poderes judiciales, que son los dan la libertad y la preocupación que manifestaron varias diputadas es también la nuestra”. “En particular en la provincia de Buenos Aires puedo afirmar -porque nos hicieron llegar el dictamen-  que la subsecretaría de política criminal de esa provincia le pidió encarecidamente al procurador general que no libere a nadie condenado por delitos contra la integridad sexual”.

En relación al embarazo adolescente comentó que no se puede medir en tan corto plazo pero que en materia de anticonceptivos la Dirección de Salud Reproductiva del Ministerio de Salud le aseguró que hay anticonceptivos suficientes para toda la pandemia. Y aclaró que la línea 144 deriva las consultas sobre niñas y adolescentes a la Línea 102.

Explicó que hay una subsecretaría de Estado de la Diversidad y que están trabajando en un programa de “ampliación de derechos para personas trasn” que incluye el cupo laboral trans y la protección en casos la violencia institucional.

Con respecto a la ley de ESI relató que están articulando acciones con el Ministerio de Educación.  Informó que ahora Educación entrega cuadernillos con el título “Seguimos educando” para niños desde los tres años hasta el final del secundario -que complementa con una enorme cantidad de horas en televisión y radio- que incluyen transversalmente contenidos de ESI. Pero que vienen trabajando con ese Ministerio para sacar un módulo específico de ESI.

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NOTIVIDA, Año XX, Nº 1194, 28 de abril de 2020   

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COMUNICADO DE LA RFF SOBRE LA SITUACIÓN ACTUAL

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NOTIVIDA, Año XX, Nº 1193, 22 de abril de 2020

COMUNICADO DE LA RFF SOBRE LA SITUACIÓN ACTUAL

A raíz de los ataques a la vida y la familia que se enmarcan en la pandemia y el confinamiento obligatorio, la Red Federal de Familias (RFF) emitió un comunicado en el que reafirmó sus principios y destacó situaciones que, en simultaneidad con cuestiones presentadas como de “urgencia inapelable”, podrían pasar inadvertidas.

Denuncia la entidad que la distribución de anticonceptivos y la realización de abortos han sido declarados “servicios esenciales” de salud y que se han gastado en abortivos “sumas millonarias sustraídas a la atención de la emergencia”. Destacan que estos hechos se contraponen con las declaraciones del presidente de la Nación sobre el valor prioritario de la vida humana.

Señalan que “el derecho y el deber de los padres de educar a sus hijos conforme a sus convicciones morales y religiosas” se ha visto avasallado con la intromisión en los hogares de plataformas educativas cargadas de ideología y contrarias al orden natural.

Mencionan que el Gobierno ha recomendado consumir pornografía y realizar “prácticas aberrantes” para tener “sexo seguro” durante la cuarentena y que hay una relación directa entre esos hábitos y la violencia contra la mujer que las mismas autoridades dicen combatir. “Recomendar el consumo de pornografía y decir que se quiere erradicar la violencia contra la mujer es tan hipócrita como afirmar que la ‘prioridad es la vida’ y que el aborto es un ‘servicio esencial’”.

Advierten que el Estado a la par que emite medidas y consejos destinados, supuestamente, a promover el cuidado de la salud corporal, lanza “ataques directos a la salud moral y espiritual de los individuos y de las familias a los que va destinada la actividad gubernamental”.

Recuerdan que este año se ha vuelto a presentar el proyecto de Protección integral a la embarazada en riesgo y al hijo que desde el año 2010 impulsan en la Cámara de Diputados.

Exhortan finalmente a que “tomemos conciencia de nuestra finitud” y hacen votos para que cuando la muerte nos alcance “nos encuentre firmes en nuestra posición, cumpliendo nuestro deber y con la mirada puesta en las cosas de lo alto y no en las mezquinas y torpes apetencias de los bienes caducos de esta vida mortal”.

A continuación el texto completo del Comunicado:

ESTADO DE SITUACIÓN

Frente a las complejas y confusas circunstancias públicamente conocidas por las que atraviesan nuestro país y el mundo entero, la RED FEDERAL DE FAMILIAS se ve obligada a emitir este comunicado para llamar la atención sobre diversos asuntos que han pasado inadvertidos o que han sido considerados de forma ligera y tangencial, y que, sin embargo, afectan directa o indirectamente, su Ideario.

En el marco de excepcionalidad y emergencia que suponen la cuarentena y el confinamiento decretados por el Gobierno Nacional y la consecuente paralización del país; ante el estado de ánimo en que se encuentra la población, acicateada incesantemente por los diversos medios de comunicación, públicos y privados e intimidada en general por el temor al contagio; y considerando la legítima incertidumbre y angustia respecto de una salida que no se vislumbra y de un futuro que se presenta sombrío, resulta difícil pretender que el hombre común preste atención a otras cuestiones que no sean ésas que se le presentan como de urgencia inapelable, pero que no pueden pasar inadvertidas.

Las difíciles coyunturas que nos aquejan no nos autorizan a aflojar en la lucha en la que estamos implicados y, mucho menos, a abandonar nuestros principios sino que, por el contrario y de cara a ellas, nos obligan a reafirmar una vez más nuestro compromiso de reconocer, difundir y promover la vigencia en el orden social, de los siguientes principios no negociables y constitutivos del Ideario y la finalidad de la Red: a) el respeto y la protección de la vida humana en todas las etapas de su desarrollo, desde la concepción y hasta la muerte natural; b) la estructura natural de la familia fundada en el matrimonio de un varón y una mujer, abierto a la transmisión de la vida; c) el derecho y deber originarios de los padres a educar a sus hijos conforme a sus convicciones morales y religiosas; y d) la procura y promoción del bien común como deber de gobernantes y gobernados.

En esta comunicación, queremos destacar, principalmente:

1)      Que ratificamos nuestra defensa irreductible de los derechos del niño por nacer y que, por lo tanto, repudiamos las aclaraciones del Ministerio de Salud de la Nación, emanadas el pasado 13 de abril, declarando que el acceso a la interrupción ilegal del embarazo y a los métodos anticonceptivos quedan fuera de las restricciones impuestas por la cuarentena por cuanto se considera a ambos como “servicios esenciales” de salud. Así también impugnamos las adquisiciones, mediante compras directas y por sumas millonarias sustraídas a la atención de la emergencia declarada, de materiales diversos y de sustancias, como el Misoprostol, destinadas a la atención de aquellas prestaciones. Dicho Ministerio había recomendado suspender los servicios y controles de rutina para no sobrecargar el servicio sanitario.

2)    Que la afirmación del presidente Fernández acerca de que la prioridad es la vida se contradice abiertamente con la simultánea declaración precedente, no rectificada, acerca de que la interrupción voluntaria del embarazo (eufemismo por aborto) es una prioridad esencial, lo que demuestra su falsedad e hipocresía. El manifiesto ministerial es, por otra parte, coherente con la promesa hecha por el mismo Presidente ante ambas Cámaras y cuyo cumplimiento ha quedado en suspenso por la restricción de actividades legislativas, de enviar al Congreso de la Nación, desde la misma oficina presidencial, un nuevo proyecto de legalización del aborto.

3)    Que la intromisión del Estado en el derecho y el deber de los padres de educar a sus hijos conforme a sus convicciones morales y religiosas se ha puesto de manifiesto en la presentación de plataformas educativas, aprovechando y jugando con la situación actual y con la suspensión de la actividad escolar, con elementos ideológicos, el uso de idioma mal llamado inclusivo y, en las clases de ESI, cargadas de ideología y de propuestas aberrantes. Esa intromisión se produce en los hogares, sujetos al confinamiento, por medio de todos los instrumentos públicos de difusión.

4)    Que los ataques a la vida y a la familia se ponen de manifiesto en tales intromisiones y en el plan de corrupción que ellas suponen, así como en las recomendaciones para la cuarentena, también procedentes del gobierno nacional, de recurrir a prácticas sexuales aberrantes en sustitución de las relaciones personales impedidas por causa del encierro forzado.

5)    Que, en ese orden, apuntamos que hay una relación directa entre las “prácticas aberrantes” a las que esta declaración alude y la violencia contra la mujer que dicen querer erradicar. La pornografía y los hábitos sexuales que se sugieren desde el Estado inducen a cosificar al otro y verlo como mero objeto de la satisfacción individual. Numerosos estudios muestran la relación entre el consumo de pornografía y la violencia sexual. Recomendar el consumo de pornografía y decir que se quiere reducir la violencia contra la mujer es tan hipócrita como afirmar que la “prioridad es la vida” y que el aborto es un “servicio esencial”.

6)    Que advertimos que desde el Estado se emiten diversas medidas y consejos destinados, supuestamente, a promover el cuidado de la salud corporal, a la vez que se lanzan ataques directos a la salud moral y espiritual de los individuos y de las familias a los que va destinada la actividad gubernamental. Mientras tanto, el ejercicio público del culto se ve imposibilitado, bajo el pretexto de impedir la concentración de personas, a la par que se permite la concurrencia pública a supermercados y bancos.

7)    Que, en orden al bien común comprometido, queremos destacar los daños, no sólo económicos -que son gravísimos- sino morales, psíquicos y espirituales que se siguen de la prolongación del confinamiento de personas y familias, muchísimas de ellas en condiciones precarias, sin perspectivas más o menos inmediatas de una conclusión. Parece que no hay plan alguno de salida de esta crisis y que el único remedio que se encuentra es el dejar que transcurra el tiempo a la espera de una solución mágica.

El enunciado precedente es sólo eso, un enunciado no exhaustivo hecho con el propósito de poner de relieve algunos de los aspectos que se ocultan detrás de la situación de emergencia en que se ha puesto a la población, y a la Nación entera.

Frente a tales circunstancias, nosotros nos mantenemos alertas y activos, trabajando en nuestros proyectos y observando lo que se hace en el otro campo, para estar en condiciones de dar una condigna respuesta cuando las cosas se modifiquen.

Destacamos que nuevamente y como se viene haciendo desde el año 2010, se ha presentado en el Congreso de la Nación el proyecto de ley de Protección Integral de los Derechos Humanos de la Mujer Embarazada y de los Niños por Nacer, que ha tenido entrada en la Cámara de Diputados el 2 de marzo bajo el n° 33/2020, y que antes del inicio de la cuarentena cosechó la firma de 25 miembros de ese cuerpo.

Tomemos conciencia de nuestra finitud, recobremos la calma si la hemos perdido y no nos dejemos ganar por el pánico, por el temor desmedido a la enfermedad y a la muerte, que indefectiblemente nos afectara a todos y a cada uno de nosotros.

Cuando ella nos alcance, que nos encuentre firmes en nuestra posición, cumpliendo nuestro deber y con la mirada puesta en las cosas de lo alto y no en las mezquinas y torpes apetencias de los bienes caducos de esta vida mortal.

Buenos Aires, 22 de abril de 2020.

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NOTIVIDA, Año XX, Nº 1193, 22 de abril de 2020   

Editora: Lic. Mónica del Río

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Email: notivida@hotmail.com

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